La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) ha ratificado su advertencia de suspender el servicio de transporte en todo el país a partir de la medianoche del viernes 3 de julio de 2026. Esta medida de presión surge como respuesta a la falta de una definición clara por parte del Gobierno Nacional respecto a la revisión de las tarifas del servicio. El gremio transportista condiciona la continuidad de sus operaciones a que se concrete un acuerdo satisfactorio sobre los costos del servicio.
El origen del conflicto se remonta a la eliminación del subsidio al diésel, una medida gubernamental que impactó directamente en los costos operativos de las unidades de transporte. Si bien el Gobierno anunció la implementación de un mecanismo de compensación económica para el sector, los transportistas consideran que es insuficiente o que no ha sido aterrizado técnicamente para cubrir las necesidades reales de las operadoras. En este sentido, la Fenacotip ha manifestado su expectativa de instalar una mesa de diálogo con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para alcanzar una resolución antes de que se cumpla la fecha límite del paro.
En la provincia de Loja, el malestar es evidente, aunque se manifiesta bajo una postura de prudencia y apertura al diálogo. Diversas operadoras locales han expresado su respaldo al reclamo nacional, pero han marcado una hoja de ruta propia para evitar una afectación inmediata a los usuarios. La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Loja, junto con la Unión Lojana de Transporte Interprovincial e Intercantonal de Pasajeros (ULTIIP), organización que agrupa a múltiples operadoras, han mantenido reuniones internas y encuentros en la terminal terrestre Reina del Cisne para coordinar una postura conjunta.
A través de un documento oficial, la ULTIIP ha respaldado las gestiones que Fenacotip lidera ante la ANT para lograr una revisión técnica de las tarifas, tanto para el transporte intraprovincial como interprovincial. A pesar de este respaldo, las operadoras lojanas han solicitado que el proceso no se prolongue indefinidamente. Por ello, han pedido formalmente que la Federación gestione ante la entidad rectora una resolución definitiva en un plazo no mayor a seis días, estableciendo una fecha clara para la aprobación y entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario.
Un punto crítico en las demandas del sector en Loja es la magnitud del incremento. Los representantes de la Cooperativa Catamayo Express, Unión Cariamanga, Cooperativa Loja, Cooperativa Sur Oriente y TransSaraguro han sido enfáticos al señalar que cualquier ajuste tarifario debe basarse en criterios técnicos que reflejen la realidad económica actual. En este contexto, estiman que el incremento no debe ser inferior al 40%, porcentaje que consideran el mínimo necesario para recuperar el equilibrio financiero de las operadoras y garantizar que el servicio público se mantenga con estándares de seguridad y calidad.
Los transportistas de la provincia de Loja han subrayado que su postura no busca generar divisiones internas en el gremio, sino fortalecer la unidad mediante decisiones responsables y sustentadas técnicamente. Reiteran que el diálogo y el respeto a la institucionalidad son la vía correcta para defender los intereses del sector sin comprometer la estabilidad del servicio.
Por su parte, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ha respondido a estas amenazas recordando el marco legal vigente. La institución advirtió que la interrupción del servicio público sin una causa legalmente justificada es considerada una infracción administrativa muy grave. Según la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las operadoras que incumplan la prestación del servicio podrían enfrentar multas equivalentes a ocho remuneraciones básicas unificadas.
La ANT precisó que la normativa prohíbe cualquier suspensión del servicio, salvo en casos de fuerza mayor, caso fortuito o por disposición expresa de la autoridad competente. De comprobarse una paralización injustificada, la entidad iniciará los procedimientos administrativos correspondientes para sancionar a los responsables, asegurando que se respetará el debido proceso y el derecho a la defensa.
Además, el organismo rector recordó que, bajo la Resolución N.° 096-DIR-2021-ANT, cuenta con la facultad de adoptar medidas cautelares si se afecta el interés público. Estas medidas incluyen la intervención de operadoras, la suspensión de rutas o unidades, la realización de revisiones técnicas extraordinarias, la reevaluación de conductores e incluso la reversión de rutas, frecuencias o títulos habilitantes. A pesar de estas advertencias, la ANT ratificó su disposición de continuar con el proceso de análisis técnico y la coordinación con el sector transportista.
