El proceso judicial contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ha sumado un nuevo capítulo en el Tribunal de Distrito del Este de Virginia. Durante una audiencia de control celebrada el pasado miércoles 1 de julio, el juez federal Rossie D. Alston tomó la decisión de no leer una carta enviada por el imputado, quien en dicho documento denunciaba presuntas irregularidades en su captura y supuestos intentos de extorsión por parte de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
La determinación del magistrado Alston se produjo luego de que Marset, quien permanece recluido en el Centro de Detención de Alexandria, Virginia, consultara directamente al juez sobre la recepción de la misiva. El juez confirmó haber recibido la carta, pero aclaró que decidió no revisarla debido a que la consideró una "comunicación ex parte". Bajo este concepto legal, el contacto directo entre el imputado y el juzgador, fuera de los canales procedimentales establecidos y sin la intervención de las partes, se considera improcedente dentro del proceso judicial.
En la audiencia, Marset apareció vestido con un overol verde oscuro con la inscripción "Recluso de Alexandria" y contó con el apoyo de un traductor. En ese contexto, el juez Alston consultó al acusado sobre su conformidad con su nuevo equipo legal, el cual está encabezado por Robert Feitel, un ex fiscal federal de Estados Unidos. Marset confirmó estar satisfecho con la representación de sus nuevos abogados.
A pesar de que el juez no leyó la carta durante la audiencia, el contenido de la misma ya había sido incorporado al expediente judicial. En el documento, Marset detalla una serie de denuncias relacionadas con su detención el pasado 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. El uruguayo sostiene que fue retirado de su domicilio sin que existiera una orden de allanamiento o de aprehensión legalmente emitida. Asimismo, afirmó que fue expulsado de territorio boliviano para ser entregado directamente a los agentes de la DEA, proceso que calificó como una "entrega irregular" que vulnera diversos tratados internacionales.
Otro de los puntos más críticos de la denuncia de Marset se refiere a lo ocurrido tras su llegada a Estados Unidos. El imputado asegura que fue sometido a interrogatorios sin la presencia de un abogado. Según su relato, agentes federales intentaron obligarlo a entregar el acceso a billeteras de criptomonedas que tendrían un valor aproximado de 4 millones de dólares en USDT. Marset denunció además que los investigadores habrían contactado a su madre con el objetivo de obtener las claves de dichos activos digitales.
La carta también señala directamente al fiscal federal adjunto, Anthony T. Aminoff. Marset sostiene que el funcionario tenía conocimiento de las supuestas irregularidades mencionadas y, en lugar de actuar, lo habría presionado para aceptar un acuerdo de culpabilidad, utilizando la amenaza de sumar nuevos cargos a su expediente.
En cuanto al calendario procesal, el juez Rossie D. Alston fijó el inicio del juicio para el 11 de enero de 2027. El magistrado rechazó la solicitud de la Fiscalía, que pretendía postergar el inicio del proceso hasta marzo de 2027. Alston fundamentó su decisión considerando que, debido a la complejidad del caso, el juicio requerirá un tiempo mínimo de dos semanas para su desarrollo.
La situación legal de Sebastián Marset se ha agravado recientemente debido a que la Fiscalía estadounidense amplió la acusación en su contra. A los cargos originales de conspiración para el lavado de dinero, se han añadido delitos de conspiración narcoterrorista, conspiración para distribuir cocaína y lavado de activos. Estas nuevas imputaciones elevan significativamente la posible pena, pudiendo derivar en una condena de cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.
Mientras espera el inicio de su proceso, Marset se mantiene firme en su declaración de inocencia. Por su parte, su equipo de defensa, liderado por Robert Feitel, ha anticipado que impugnará formalmente la legalidad del traslado desde Bolivia hacia Estados Unidos, así como diversos aspectos del procedimiento judicial antes de que el juicio comience en 2027.
