El BBVA ha dado un paso decisivo en la reducción de su vinculación con la operadora de telecomunicaciones Telefónica. La entidad financiera, presidida por Carlos Torres, ha colocado en el mercado algo más de un 3% de la compañía liderada por Marc Murtra, lo que representa más de la mitad de la participación que mantenía hasta el momento. Según diversas fuentes financieras, esta operación se ha valorado en una cifra que rondaría los 600 a 610 millones de euros.
Tras este movimiento, el banco se queda con un 1,96% del capital de la teleco, alcanzando su posición más baja desde que se convirtiera en accionista relevante allá por el año 1997. En el mercado financiero se percibe este desplazamiento como el inicio de una salida definitiva de la entidad bancaria del accionariado de Telefónica, aunque persiste la expectación por descubrir la identidad del "comprador durmiente final" que ha absorbido este paquete de acciones.
Este paquete accionarial es considerado clave para resolver los equilibrios de poder en el consejo de administración de Telefónica. Actualmente, el control de la compañía se mantiene equilibrado entre La Caixa —a través de su brazo inversor Criteria Caixa— y el Estado español —mediante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)—. Fuentes consultadas por ABC indican que el BBVA ha estructurado la venta de las acciones en el mercado a través de derivados durante un periodo de tiempo prolongado. Este método de operación recuerda a la estrategia utilizada por la SEPI para aterrizar sorpresivamente en el consejo, comprando acciones en secreto mediante derivados hasta aflorar un paquete representativo que le otorgó la vicepresidencia que ejerce en la actualidad.
Desde el entorno del BBVA han querido subrayar que esta decisión responde exclusivamente a criterios financieros y de gestión de cartera. Según la entidad, la participación en Telefónica siempre ha sido considerada una inversión financiera y, por tanto, la venta se alinea con la gestión habitual de este tipo de activos. Esta operación se interpreta como un paso natural para cerrar una relación histórica entre el banco y la teleco, especialmente después de que la entidad vasca quedara descolgada del núcleo duro de accionistas y abandonara el consejo de administración hace algunos meses.
En la actualidad, el núcleo duro de Telefónica está compuesto por la SEPI con un 10% del capital, Criteria con un 9,9% y la empresa árabe STC con un 9,969%. A este grupo le sigue de cerca el fondo BlackRock, que recientemente comunicó a la CNMV haber elevado su participación al 6,24% tras cinco incrementos consecutivos, consolidándose como el cuarto mayor accionista.
La situación bursátil de Telefónica ha sido compleja. En los últimos doce meses, la acción ha oscilado entre un máximo de 4,88 euros y un mínimo de 3,23 euros. En la sesión más reciente, el título abrió en 3,52 euros y cerró con una caída del 1,7%, situándose en los 3,45 euros, en una jornada marcada por la toma de distancia del BBVA. Si se mira hacia atrás, la cotización ha seguido una tendencia a la baja constante desde su máximo histórico en el año 2000, cuando superaba los 27 euros, llegando a tocar su mínimo histórico el 28 de octubre de 2020, con 2,71 euros durante la crisis del Covid. Las minusvalías derivadas de esta venta no se reflejarán hasta las cuentas del próximo año.
El momento de la venta también ha sido analizado por expertos, quienes sugieren que el BBVA pudo esperar a cobrar el dividendo de junio para mitigar el impacto financiero. Esto ocurre en un contexto donde las acciones cotizan por debajo del umbral fijado en el plan estratégico 'Transform & Grow'. Dicho plan, presentado el pasado 4 de noviembre, provocó un desplome histórico del 13,12% en las acciones debido al recorte del dividendo anual a la mitad (0,15 euros por acción) y a la reducción de las previsiones de flujo de caja libre para 2025.
Como señal de confianza, el presidente Marc Murtra y el CEO Emilio Gayo invirtieron un millón de euros en acciones, aunque esa inversión se ha deteriorado en un 10% desde entonces. A pesar de ello, el consenso de analistas según Bloomberg mantiene un precio objetivo medio de 4,02 euros, lo que supondría un potencial alcista del 10%.
Finalmente, existen especulaciones en el mercado sobre la posible influencia política. Algunas fuentes apuntan a que Carlos Torres podría haber recibido una recomendación de La Moncloa para alinear la posición del banco con los intereses de la SEPI, sugiriendo que el Gobierno podría estar utilizando fondos aliados para evitar la pérdida del control de la operadora española.
