El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha dictaminado una condena de cinco años de libertad vigilada intensiva para Juan Antonio Poblete, quien se desempeñó como ministro de la Corte de Apelaciones, y Schafik Nazal, anterior jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Esta resolución judicial es el resultado de una investigación centrada en una serie de interceptaciones telefónicas ilegales llevadas a cabo entre los años 2016 y 2018.
El proceso legal culminó este 30 de junio mediante un procedimiento abreviado, instancia en la cual los imputados aceptaron su responsabilidad penal. Específicamente, se declararon culpables de quince delitos relacionados con la interceptación ilegal de comunicaciones y de dieciocho delitos de falsedad ideológica en instrumentos públicos. Aunque la resolución ya fue emitida, la sentencia formal será dada a conocer el próximo 2 de julio.
El caso, identificado bajo el nombre de “Operación Topógrafo”, reveló un esquema de vigilancia no autorizado que operaba bajo falsas premisas. Los hechos que originaron la indagatoria se basaron inicialmente en la justificación de que se estaban realizando interceptaciones a presuntos agentes extranjeros que representaban una amenaza para la seguridad nacional. No obstante, la investigación judicial logró constatar que esta premisa era falsa y que los objetivos reales eran ciudadanos civiles y funcionarios.
Se determinó que Nazal y Poblete solicitaron las autorizaciones judiciales correspondientes utilizando los números telefónicos de personas que no eran agentes extranjeros, sino críticos o denunciantes del sistema militar. Entre las víctimas principales se encuentra el periodista Mauricio Weibel, reconocido por sus investigaciones sobre casos de corrupción en el Ejército, y el capitán en retiro Rafael Harvey, quien ha denunciado públicamente diversos actos de corrupción. Asimismo, el espionaje alcanzó a otros funcionarios que habían interpuesto denuncias por malos tratos al interior de la institución castrense.
Estas acciones permitieron que los imputados llevaran a cabo escuchas ilegales de comunicaciones privadas, las cuales fueron renovadas periódicamente para prolongar la vigilancia sobre los objetivos seleccionados. La justicia fue enfática al señalar que estas prácticas no se ajustaron al marco legal vigente. El tribunal determinó que las actividades desplegadas no correspondían a labores legítimas de inteligencia o contrainteligencia, las cuales deben tener como objetivo único resguardar la seguridad nacional y proteger al Estado y a sus habitantes frente a amenazas reales como el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico.
En este escenario, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha desempeñado un rol activo como querellante en el caso desde diciembre de 2023. La institución decidió intervenir en el proceso debido a que los hechos fueron perpetrados por funcionarios públicos que, aprovechando su cargo y poder, decidieron utilizar los mecanismos del Sistema Nacional de Inteligencia para fines ajenos a la ley y fuera de los supuestos permitidos por el Estado de derecho.
Según el INDH, lo más grave de esta operación es que las actividades de espionaje se realizaron bajo una apariencia meramente formal de legalidad, utilizando la estructura burocrática del Estado para encubrir vulneraciones a los derechos ciudadanos. La actuación de los condenados resultó en una injerencia arbitraria sobre la vida privada de las personas, afectando directamente el respeto a la honra y el reconocimiento de la dignidad humana.
Además, el organismo ha enfatizado que estos hechos constituyen un atentado contra la libertad de pensamiento y de expresión. Estos derechos fundamentales están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, un tratado internacional que fue ratificado por Chile en agosto de 1990. La intervención del INDH subraya que el uso arbitrario de herramientas de inteligencia contra periodistas y denunciantes de corrupción representa una violación a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos.
