Venezuela enfrenta una tragedia humanitaria agravada por la naturaleza. Dos terremotos consecutivos, con magnitudes de 7,2 y 7,5, sacudieron el país el pasado miércoles, golpeando a una nación que ya se encontraba devastada por más de una década de mala gestión gubernamental y severas sanciones económicas. Mientras el Gobierno venezolano ha actualizado la cifra oficial de víctimas a más de 1.700 muertos y 5.000 heridos, el Servicio Geológico de Estados Unidos advierte que existe una alta probabilidad de que la cifra real de fallecidos ascienda a decenas de miles de personas.
La precariedad del sistema de salud ha quedado al descubierto en el Hospital Infantil Dr. José Manuel de Los Ríos, en Caracas. La Dra. Huníades Urbina-Medina ha denunciado que la unidad de cuidados intensivos (UCI), que anteriormente tenía capacidad para recibir hasta 10 pacientes, actualmente solo puede atender a cuatro niños a la vez. Según la especialista, esta reducción es el resultado de una crisis que se arrastra desde hace al menos diez años, caracterizada por la falta de personal cualificado, escasez de medicamentos y una insuficiencia crítica de respiradores mecánicos.
Entre los pacientes críticos se encuentra una niña de 12 años, quien fue rescatada tras quedar sepultada bajo varios pisos de un edificio derrumbado. La menor padece lesiones que ponen en peligro su vida y sufre dolores intensos. Aunque el hospital ha brindado atención a unos 100 niños en diversas áreas desde la semana pasada, esta cifra representa apenas una fracción del total de heridos por los sismos.
La Dra. Urbina-Medina afirmó a CNN que ningún centro hospitalario en Venezuela estaba preparado para una emergencia de esta magnitud, subrayando que, en realidad, ninguna institución está preparada siquiera para afrontar la operatividad del día a día. Si bien el Gobierno ha defendido la solidez de su sistema nacional de salud, atribuyendo las deficiencias a las sanciones impuestas por Estados Unidos, otros profesionales sanitarios coinciden en la gravedad de la situación. El Dr. Andrés Cortiz, voluntario de la organización benéfica británica Healing Venezuela, informó que ocho hospitales en Caracas se han visto obligados a cerrar, mientras que los que permanecen operativos están saturados y carecen de insumos básicos de limpieza, como desinfectante y lejía.
El desastre natural ha exacerbado una crisis estructural previa. La combinación de mala gestión socialista y sanciones económicas ha provocado una masiva fuga de cerebros, afectando tanto al sector salud como al educativo. Esta escasez de docentes y médicos se agudizó recientemente cuando Venezuela puso fin a la misión médica cubana tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, eliminando un recurso esencial para las comunidades más vulnerables.
En el ámbito educativo, la información preliminar indica que solo en Caracas 432 colegios han sufrido daños, lo que ha llevado al Gobierno a extender el cierre de las escuelas. Aquellos centros que no resultaron afectados están siendo utilizados como refugios temporales para miles de personas desplazadas.
La tragedia urbana es palpable en las calles de Caracas, donde el olor a descomposición comienza a emanar de los escombros. En los sitios de derrumbe, familias desesperadas acampan junto a montones de hormigón y acero. Mirella Herrera es una de ellas; espera cada día frente al edificio donde vivía su hijo, su nuera y sus nietos. En el lugar, una pizarra blanca detalla la tragedia de un edificio de ocho plantas: doce fallecidos, tres rescatados y veinte personas que aún permanecen atrapadas. A pesar de que el periodo crucial para encontrar supervivientes suele ser de tres días, Herrera mantiene la esperanza de que su hijo sobreviva.
La infraestructura habitacional también ha sido cuestionada. En las fachadas de muchos inmuebles derrumbados se observan carteles de los expresidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, vinculando la mala calidad de las construcciones con sus gestiones. Para evaluar los daños, algunos municipios emplean un sistema de semáforo (verde, amarillo y rojo), prohibiendo el acceso a edificios marcados como inseguros. Es el caso de Soledad Campos Aparicio, de 78 años, quien no puede regresar a su hogar debido al colapso del complejo residencial contiguo, La Petunia.
Finalmente, la tensión se mantiene alta. La madrugada del lunes, una réplica de magnitud 4,9 obligó a los ciudadanos a abandonar sus refugios y casas en pijama. Aunque el Gobierno aseguró que este último sismo no causó daños adicionales, el miedo persiste en una población que ve cómo las grietas en sus paredes reflejan la inestabilidad de su entorno y de su país.
