El Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Guatemala ha emitido una advertencia formal dirigida a todas las personas que instalen o adquieran miniestaciones de servicio de combustibles. La institución subrayó que es obligatorio iniciar el proceso de licenciamiento ante la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) y cumplir estrictamente con los requisitos legales establecidos en el país para operar este tipo de establecimientos.
A través de sus redes sociales, la cartera de Energía y Minas alertó que la operación de estas estaciones sin la debida autorización no es legal y representa riesgos significativos. Uno de los puntos más críticos señalados es el peligro para los consumidores; el MEM informó que quienes adquieren combustible en miniestaciones no autorizadas ponen en riesgo el motor de sus vehículos, ya que el uso de combustible adulterado puede provocar daños permanentes en la maquinaria.
En relación con la situación actual, Gerson de León, director de Hidrocarburos, explicó que se han detectado miniestaciones operando de manera ilegal en diversos puntos del territorio nacional, específicamente en Totonicapán, Huehuetenango, Quiché y San José Pinula, entre otras localidades. Según el funcionario, estos establecimientos no cumplen con la Ley de Comercialización ni con su reglamento respectivo, razón por la cual es imperativo advertir a la población sobre los efectos directos e indirectos que esto puede generar.
El director de Hidrocarburos definió las miniestaciones como depósitos de combustibles compuestos por dos o tres compartimientos destinados al suministro del producto. Reiteró que, debido a que actualmente operan sin autorización, los propietarios deben acercarse al MEM para realizar las gestiones administrativas y cumplir con los requisitos de ley.
Desde el perfil de Facebook del ministerio, se enfatizó que estas miniestaciones ilegales representan un peligro no solo para las personas, sino también para el medioambiente y las comunidades circundantes. La venta de combustibles que no cumple con los permisos y las normas técnicas puede derivar en incidentes graves, tales como incendios, explosiones y contaminación ambiental.
Esta problemática ha sido un foco de atención constante para la institución. En enero de 2026, el MEM ya había lanzado una advertencia indicando que estas instalaciones representan riesgos generales debido a que evaden los controles oficiales, comprometen la seguridad y afectan el entorno natural. Previamente, en septiembre de 2025, el ministerio expuso la proliferación de estas estaciones, aclarando que vender combustibles sin los requisitos legales constituye un delito. En aquel periodo, se identificaron puntos críticos en Huehuetenango, Quiché, Chimaltenango y el departamento de Guatemala, resaltando además la preocupación por la procedencia dudosa del combustible suministrado.
Entre los factores de incumplimiento técnico más graves se encuentran la ausencia de medidas de seguridad industrial. El MEM detalló que estas estaciones suelen estar al aire libre, presentan instalaciones eléctricas expuestas, carecen de extintores y pueden producir derrames que dañan el ecosistema. Respecto a la calidad del producto, se advirtió que el combustible puede contener agua, metales y arena, elementos que afectan directamente la calidad y el funcionamiento del vehículo.
Consultado sobre la aplicación de sanciones o denuncias actuales, Gerson de León, a través de la oficina de comunicación del ministerio el pasado viernes 26 de junio, indicó que no puede brindar mayor información sobre las denuncias en curso para evitar interferir con las investigaciones correspondientes.
No obstante, se recordó que durante el año 2025 la DGH atendió múltiples denuncias sobre comercialización ilegal, contando con el apoyo del Ministerio de Ambiente, la Policía Nacional Civil (PNC), la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y diversas municipalidades. Como resultado de esas inspecciones, el MEM presentó las denuncias pertinentes ante las autoridades para deducir las responsabilidades legales.
Finalmente, el historial de estas actividades ilegales se remonta al menos al año 2024, cuando se reportó que habitantes de Chimaltenango, Sololá y Suchitepéquez fueron víctimas de personas inescrupulosas que ofrecían miniestaciones móviles sin advertir que operaban de forma ilícita. En ese momento, la DGH confirmó que no había autorizado ninguna de estas unidades, instando a quienes las usaban como negocio a detener sus actividades hasta regularizarse. Asimismo, se ordenó a los comercializadores autorizados abstenerse de venderles combustible a estas estaciones ilegales.
