Los procesos de privatización impulsados por la gestión de Javier Milei se encuentran bajo la lupa debido a presuntas irregularidades en la valuación de las empresas estatales. Según diversas fuentes y denuncias, el Gobierno estaría recurriendo a tasaciones ocultas realizadas por organismos que no cuentan con la especialización técnica requerida, lo que ha generado alertas sobre posibles subvaluaciones a "precio de remate" en beneficio de grupos económicos cercanos al poder.
El centro de la controversia radica en la dinámica establecida entre el Tribunal de Tasaciones de la Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad dependiente del Ministerio de Economía. El proceso comenzó cuando el Gobierno anunció la privatización de Nucleoeléctrica, Intercargo, Transener, AySA, Belgrano Cargas y cuatro centrales hidroeléctricas de Comahue. Sin embargo, el camino hacia estas ventas ha estado marcado por decisiones arbitrarias y el desplazamiento de organismos técnicos.
Un punto crítico fue la actuación de Julio Roberto Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones y designado por Federico Sturzenegger. Villamonte habría tomado la decisión unilateral, sin consultar al resto del cuerpo colegiado, de que el Tribunal no participara en las tasaciones de las empresas mencionadas. Esta acción habría violado el reglamento interno del organismo, que exige el acuerdo del cuerpo en decisiones de especial importancia. Como consecuencia, la responsabilidad de tasar quedó en manos del BICE, que creó apresuradamente una "Unidad Valuadora" en julio de 2025, a pesar de que su especialidad es el comercio exterior y no la valuación de empresas estatales.
La designación de Maximiliano Voss como presidente del BICE también ha despertado sospechas. Voss es hermano de Martín Voss, exsocio de Luis Caputo y de Juan Alberto Pazo en la firma Invernea. Además, se ha detectado que Maximiliano Voss posee participaciones en sociedades como Las Blondas, Punto Cruz, Demibell y Gossip, algunas de las cuales pertenecieron al grupo de Francisco De Narváez. Junto a él, figuras como Felipe Nuñez se integraron a la dirección del banco en un contexto de renuncias silenciosas de funcionarios anteriores.
En el caso de las centrales hidroeléctricas de Comahue, ya privatizadas y adjudicadas a los hermanos Juan y Patricio Neuss a través de la empresa Edison, se ha presentado una denuncia judicial en General Roca, Río Negro. La Fundación Soberanía de Neuquén sostiene que las plantas fueron "rematadas" sin un valor oficial, ya que el Tribunal de Tasaciones se excusó de intervenir y los bancos a los que se delegó la función tampoco la llevaron a cabo.
Similar situación ocurrió con Transener, donde Edison-Genneia resultó ganador. La operación se cerró en torno a los 356 millones de dólares, superando la expectativa inicial de 205 millones. No obstante, el proceso estuvo empañado por una falla técnica en la plataforma CONTRAT.AR: mientras Central Puerto (vinculada a Nicky Caputo) lideraba las ofertas, el sistema cayó y, al restablecerse, se cargó la oferta superior de Edison-Genneia.
El caso de Intercargo es quizás el más judicializado. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 aceptó como querellante a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que denuncia seis irregularidades, incluyendo la subestimación de proyecciones financieras y el ocultamiento de tasaciones. Según fuentes internas, el Banco Nación y el Banco Central se negaron a tasar la empresa para evitar presiones gubernamentales. La discrepancia económica es notable: mientras el Gobierno fijó un precio base de 45 millones de dólares, la empresa posee activos financieros por más de 55 millones, sumado a sus activos físicos y contratos, lo que elevaría su tasación real a unos 93 millones de dólares.
Finalmente, la situación de Nucleoeléctrica es la más alarmante en términos de volumen económico. Fuentes internas indican que la valuación de la empresa oscila entre los 10.000 y 11.000 millones de dólares. Sin embargo, el Gobierno buscaría vender el 44% de la compañía por apenas 1.000 millones de dólares. En este caso, se denuncia la violación de la Ley N°21.126, ya que la tasación fue evitada por el Tribunal de Tasaciones mediante una nota firmada solo por Villamonte, ignorando que la ley exige que este tipo de valuaciones sean realizadas por ingenieros especialistas.
La opacidad del proceso se ha visto reforzada por cláusulas de confidencialidad. Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), emitió una resolución reservando la documentación de las tasaciones bajo el argumento de "información sensible" y "secreto financiero", contraviniendo la Ley 23.696, que exige máxima transparencia y publicidad en los procedimientos de privatización.
