El diputado Raúl Pineda ha puesto sobre la mesa una denuncia formal contra las prácticas financieras de diversas entidades bancarias en Panamá, señalando lo que califica como un abuso sistemático contra los consumidores. Según el parlamentario, existe una falta de transparencia crítica cuando las familias acuden a los bancos con la intención de adquirir una vivienda, enfrentándose posteriormente a costos adicionales que no son explicados con claridad en el momento de la contratación.
En una entrevista concedida a Radio Panamá, Pineda anunció que su partido político presentará el próximo 1 de julio un anteproyecto de ley diseñado específicamente para regular y frenar el cobro de los denominados "gastos de cierre". Esta práctica, según detalló el diputado, es aplicada por las entidades bancarias a los usuarios cada cinco años, lo que representa una carga económica recurrente y, a su juicio, injustificada para el ciudadano.
El parlamentario sostuvo que estos cargos impactan de manera directa y negativa el bolsillo de los panameños. Por esta razón, la iniciativa legislativa busca instaurar un marco de mayor equidad y transparencia en cuanto a las obligaciones crediticias dentro del sistema bancario nacional. Pineda enfatizó la urgencia de poner un límite a esta práctica para evitar que los bancos privados sigan aplicando estos cobros de forma periódica, afectando especialmente a aquellos ciudadanos que mantienen préstamos hipotecarios de largo plazo.
Durante su intervención, el diputado explicó la mecánica de este problema, señalando que las personas con hipotecas extendidas a 20 o 30 años son las más perjudicadas. Según Pineda, en muchos casos las instituciones bancarias no advierten a los clientes sobre la existencia de estos cargos. El monto de dichos gastos suele pasar desapercibido para el consumidor debido a que, en lugar de un cobro directo inmediato, el banco opta por extender el plazo del préstamo, camuflando así el costo adicional.
Uno de los puntos más críticos resaltados por el diputado es la situación de los ciudadanos que alcanzan la edad de jubilación. Pineda cuestionó la viabilidad financiera de quienes ven disminuidos sus ingresos considerablemente al retirarse del mercado laboral, mientras que las letras de sus casas continúan aumentando sin que medie una explicación clara por parte de la entidad financiera. Para el legislador, resulta injustificable que el costo de la vivienda se incremente en una etapa de la vida donde la capacidad económica del usuario es menor.
En cuanto al panorama bancario, Raúl Pineda detalló que existen excepciones notables en el sistema. Mencionó que la Caja de Ahorros y el Banco Nacional no aplican este tipo de cobros. No obstante, aseguró que aproximadamente el 90 % de los bancos privados mantienen esta práctica, lo que lo llevó a cuestionar el verdadero origen y la legitimidad de los llamados gastos de cierre.
Además de los costos recurrentes, el diputado reflexionó sobre la operatividad de los pagos hipotecarios y el manejo del capital. Explicó que, aunque a los trabajadores se les realiza el descuento puntual de sus salarios los días 15 y 30 de cada mes, dicho pago no siempre se refleja de manera inmediata en el capital de la deuda. Según Pineda, esta situación prolonga innecesariamente el tiempo total de la hipoteca.
El legislador propuso que este tema sea discutido profundamente en el pleno de la Asamblea Nacional. Afirmó que la implementación de un sistema de pagos más ágil y transparente permitiría que muchas familias panameñas pudieran ahorrar entre cuatro y cinco años de financiamiento, reduciendo así el tiempo de endeudamiento.
Finalmente, Pineda indicó que esta propuesta es solo el inicio de una serie de iniciativas que su bancada presentará para reformar el sistema financiero, incluyendo proyectos relacionados con las tasas de interés. En este contexto, recordó que la liberalización de los intereses bancarios fue un proceso que ocurrió durante la administración del expresidente Martín Torrijos. El diputado cerró reiterando su denuncia sobre el abuso hacia los consumidores que, movidos por la necesidad de brindar un techo a sus familias, terminan atrapados en costos adicionales no esclarecidos.
