La devastadora situación humanitaria provocada por los recientes terremotos en Venezuela ha trasladado el debate político a los pasillos del poder en Washington. La posibilidad de que la líder opositora María Corina Machado regrese al país para acompañar a los damnificados ha generado una división de opiniones entre fuentes de la Administración estadounidense y miembros del Congreso. Mientras un sector considera que su presencia sería fundamental para asistir a las víctimas, otro grupo sostiene que no es el momento oportuno para facilitar su retorno inmediato.
Esta discusión se desarrolla en un contexto de emergencia crítica, marcado por las denuncias sobre la lentitud de las labores de rescate y las severas dificultades en la distribución de la ayuda humanitaria. A pesar de la falta de una posición unánime o de una instrucción oficial del Despacho Oval que prohíba el regreso de Machado, existe una corriente dentro de la Administración Trump que busca sostener al régimen durante esta etapa de transición, centrándose en la figura de Delcy Rodríguez. El presidente Donald Trump ha manifestado su apoyo a Rodríguez en diversas ocasiones, destacando su cooperación y la buena relación personal que mantienen.
Asesores cercanos a esta postura argumentaron este sábado que el regreso de Machado podría alterar el frágil equilibrio político actual. La dirigente, quien respaldó la candidatura de Edmundo González en las presidenciales de 2024 —cuyos resultados fueron cuestionados por múltiples gobiernos y denunciados como fraudulentos por la oposición—, es vista por algunos funcionarios como un elemento que podría generar tensiones innecesarias. Según Reuters, algunos altos cargos en Washington han expresado frustración ante las gestiones de Machado para volver de inmediato. Un funcionario de la Casa Blanca cuestionó la premisa de su regreso tan poco tiempo después de una catástrofe humanitaria masiva, sugiriendo que sería preferible esperar a un momento en que no exista una contestación directa del régimen y se haya avanzado hacia un proceso electoral.
En contraposición, otras voces en el Capitolio y la Administración defienden que la presencia de Machado tendría un valor decisivo debido a las limitaciones evidentes del aparato estatal venezolano. Estos sectores sostienen que su vuelta no tendría un propósito de campaña electoral ni de batalla política, sino el objetivo estrictamente humanitario de estar junto a los damnificados en la mayor tragedia vivida por el país en décadas. Desde el entorno de la líder, coinciden en que su entrada no estaría pensada para el activismo político.
María Corina Machado ya ha propuesto una estructura de respuesta ciudadana a través de una tribuna publicada en ABC, donde presentó la denominada «red 600-K». Esta red, articulada por el Comando Con Venezuela, Vente y las organizaciones del Acuerdo de Panamá, busca desplegar un operativo de solidaridad y atención ciudadana, basándose en la capacidad de movilización que ya demostraron al digitalizar el 85% de las actas electorales en 48 horas durante los pasados comicios.
El debate también pone el foco sobre la situación de los presos políticos. A pesar de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática aprobada en febrero bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez, Foro Penal contabilizaba el 22 de junio un total de 373 detenidos por razones políticas. Entre ellos se encuentra Perkins Rocha, colaborador estrecho de Machado, quien permanece bajo arresto domiciliario con grillete electrónico. Esta situación contrasta con la promesa realizada por Donald Trump el 12 de mayo, en la que aseguró que lograría la liberación de todos los presos políticos, compromiso que aún no se ha cumplido plenamente.
Desde la salida de Nicolás Maduro en enero, Delcy Rodríguez ha mantenido una cooperación estrecha con Washington, que incluye la apertura del sector petrolero a empresas estadounidenses, coordinación de seguridad y la deportación a Estados Unidos de Alex Saab. Este último, antiguo aliado de Maduro, ahora enfrenta un nuevo proceso judicial en Miami. En una entrevista concedida a Javier Negre para Real America's Voice, cuya difusión fue aplazada por los terremotos, Rodríguez afirmó estar dispuesta a sentarse en un proceso político una vez que desaparezcan las sanciones solicitadas por la oposición y el «extremismo».
La presión internacional por el regreso de Machado ha aumentado. La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo instó a Donald Trump y Marco Rubio a garantizar el derecho de la líder a volver a su país para honrar a los muertos y acompañar a su pueblo. Por su parte, el presidente electo Edmundo González Urrutia subrayó en sus redes sociales que la respuesta humanitaria no permite descoordinaciones y que la ayuda debe llegar con transparencia y equidad, calificando esto como una obligación dada la gravedad de la emergencia.
Mientras el debate político persiste, Estados Unidos ha comprometido 150 millones de dólares y prepara un nuevo paquete de ayuda de nueve cifras. En el terreno, operan equipos de rescate de Virginia, Los Ángeles y Miami. Además, personal estadounidense ha reparado una pista del aeropuerto Simón Bolívar en La Guaira para facilitar la llegada de suministros y hospitales móviles, y se ha desplegado el buque anfibio USS Fort Lauderdale para evacuaciones y traslado de ayuda.
