La Sala de lo Constitucional ha resuelto, tras un periodo de espera de doce años, un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley General de Minería en Honduras. El fallo judicial declara la normativa como parcialmente inconstitucional, exhortando al Congreso Nacional a realizar correcciones urgentes en aspectos fundamentales de la legislación minera. A pesar de la sentencia, expertos y organizaciones civiles advierten que el inicio de un proceso de reforma no asegura que los criterios del tribunal sean efectivamente integrados en la ley.
La resolución judicial afecta específicamente siete artículos de la Ley General de Minería. Entre los puntos declarados inconstitucionales se encuentran las disposiciones sobre la duración de las concesiones (artículo 22), la profundidad de estas (artículo 39) y el límite del número de concesiones que puede concentrar un mismo titular (artículo 43). Asimismo, el fallo cuestiona el régimen de reservas y áreas protegidas (artículos 47 y 48), así como los procedimientos establecidos para la consulta a comunidades afectadas y pueblos indígenas (artículos 67 y 68).
En el tercer numeral resolutivo de su sentencia, la Sala de lo Constitucional instó al Congreso Nacional a legislar con urgencia para implementar cuatro ejes clave: el establecimiento de límites temporales a las concesiones mineras, la creación de mecanismos efectivos de consulta previa para los pueblos indígenas, la instauración de un régimen tributario equitativo basado en estándares internacionales y la definición de un catálogo real de áreas protegidas.
Ante este escenario, el Congreso Nacional anunció, un día después de la publicación del fallo en La Gaceta, que la Comisión de Minería e Hidrocarburos mantenía reuniones con el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) para analizar los artículos afectados. Sin embargo, se ha evidenciado que estos acercamientos comenzaron un mes antes de la publicación oficial; el 5 de mayo, Inhgeomin ya informaba sobre reuniones con la comisión para discutir procesos de exploración y el panorama sectorial.
Entre el 4 y el 24 de junio, la agenda de reuniones se intensificó bajo la presidencia del diputado por Copán, Erick Alvarado. En este proceso se incorporaron instituciones como la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA), además de representantes de la Asociación de Minería Artesanal.
Desde el sector minero, Senia Payer, secretaria de la Asociación de Mineros de Honduras, manifestó que la comisión les ha abierto las puertas para lograr una normativa "en favor y en pro de los mineros a nivel nacional", señalando que el actual gobierno tiene la voluntad de mejorar la inversión. Por su parte, el diputado Erick Alvarado afirmó que el objetivo de las mesas técnicas es identificar deficiencias para buscar leyes que "convengan a la inversión", asegurando que no se descuidará la protección del medio ambiente ni el beneficio de las comunidades.
No obstante, este proceso ha generado fuertes cuestionamientos. La Mesa Nacional frente a la Minería, integrada por 27 organizaciones —incluyendo el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), la Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales de Honduras (Conroa), la Red Nacional Contra la Minería en Honduras (Renacamih) y el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras (Idamho)—, exigió que cualquier modificación garantice la participación efectiva de la academia, organizaciones ambientales, pueblos indígenas y sociedad civil.
Laura Palmese, directora ejecutiva del Idamho, advirtió que, aunque el fallo brinda sustento para la reforma, no hay garantías de que los legisladores incorporen los criterios de la Sala de lo Constitucional. Palmese recordó que en 2017 ocurrió una situación similar donde, a pesar de una sentencia, la reforma posterior (Decreto 109-2019) reprodujo vicios de inconstitucionalidad, lo que obligó a presentar un nuevo recurso que aún sigue pendiente.
A esta preocupación se suma la declaración de la diputada Nidia Castillo, integrante de la Comisión de Minería e Hidrocarburos, quien señaló que las discusiones actuales se han centrado principalmente en la regulación de la minería artesanal. Finalmente, Pedro Landa, representante de la Red Continental de Iglesias y Minería, recordó que la legislación minera ha sido declarada parcialmente inconstitucional en al menos tres ocasiones sin que se corrijan los problemas de fondo. Como ejemplo, citó la reforma al Parque Nacional Carlos Escaleras, donde se redujo la zona núcleo para permitir la minería, sugiriendo que las reformas pueden terminar flexibilizando restricciones en lugar de corregirlas.
