El Gobierno de Chile ha puesto sobre la mesa una propuesta incluida en la denominada "megarreforma" que busca eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores. Esta medida, aunque representa un alivio financiero directo para los hogares de personas mayores de 65 años, ha generado una fuerte tensión entre el Ministerio de Hacienda y diversas administraciones municipales, debido al impacto negativo que tendrá en la recaudación de las arcas locales.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoció el pasado 3 de junio que la medida "afectará a las (12) comunas más ricas", admitiendo que la exención implicará una disminución en los ingresos de dichos municipios. Mientras que para los habitantes de estas zonas la medida supone un beneficio económico personal, para los alcaldes se traduce en un desafío presupuestario. Esta situación ha provocado enfrentamientos entre el titular de Hacienda y los jefes comunales, incluidos aquellos alineados con el oficialismo, quienes exigen que el Estado reponga los fondos que dejarán de percibir.
A través de una solicitud vía Ley de Transparencia, se han revelado cifras detalladas del Ministerio de Hacienda sobre el impacto de esta medida en las 346 comunas del país. Los datos indican que existen 303.436 inmuebles que se verían beneficiados por la exención. Este cálculo incluye propiedades con destino habitacional, sumando además sus estacionamientos y bodegas asociadas. Si se excluyen estos últimos elementos, el número de roles habitacionales beneficiados desciende a 192.000.
La distribución de estos beneficios no es uniforme. Las comunas con mayores recursos concentran una parte significativa de los beneficiarios. Las Condes lidera la lista con 53.006 inmuebles, lo que representa el 17,5% del total nacional de roles beneficiados. Le siguen Providencia con 21.234 roles (7%), Vitacura con 20.814 (6,9%), Viña del Mar con 20.301 (6,7%), Ñuñoa con 18.051 (5,9%) y Santiago con 11.591 (3,8%). Otras comunas impactadas incluyen Lo Barnechea con 9.986 roles (3,3%), La Florida con 8.178 (2,7%), La Serena con 5.951 (2%) y Temuco con 5.856 (1,9%). En conjunto, estas diez comunas concentran el 57,7% de los roles exentos.
Otras municipalidades de la Región Metropolitana también registran un impacto, como La Reina con 5.803 roles (1,9%), Maipú con 5.078 (1,7%), Puente Alto con 3.621 (1,2%) y Peñalolén con 3.612 (1,2%). Para llegar a estas cifras, Hacienda utilizó una metodología que considera viviendas de personas naturales mayores de 65 años, excluyendo a las personas jurídicas y seleccionando la propiedad de mayor avalúo fiscal del beneficiario.
En términos financieros, el informe de Hacienda estima que los municipios dejarán de recaudar aproximadamente 69.456 millones de pesos. Esta cifra considera que el gobierno repondrá los 112 mil millones de pesos que se destinan al Fondo Común Municipal (FCM), el cual redistribuye recursos de las comunas más ricas hacia las más vulnerables. De los 70 mil millones de pesos de impacto total, el 41,5% recae sobre Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, que sumadas dejarán de percibir 28.849 millones de pesos.
El ranking de mayor pérdida de recaudación es encabezado por Las Condes, con una disminución de 13.061 millones de pesos, seguida por Lo Barnechea con 8.209 millones y Vitacura con 7.578 millones. Otras comunas afectadas son Viña del Mar (3.082 millones), Providencia (2.934 millones) y La Reina (2.922 millones). Las cinco primeras comunas de este ranking concentran el 50,2% de la pérdida total, mientras que las diez primeras representan el 64% de la recaudación no percibida.
Además, el análisis de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) muestra el impacto proporcional respecto al presupuesto anual de cada comuna (Ingresos Propios Permanentes más otros fondos). En este aspecto, Vitacura es la más afectada, ya que la menor recaudación representa el 8,2% de su presupuesto. Le siguen La Reina con un 8,1%, Lo Barnechea con un 6,6%, Zapallar con un 6,1% y Las Condes con un 5,4%. Ñuñoa (4,4%) y Concón (4,3%) también presentan impactos significativos.
Ante este escenario, alcaldes como Camila Merino (Vitacura), Catalina San Martín (Las Condes), José Manuel Palacios (La Reina) y Felipe Alessandri (Lo Barnechea) han manifestado su apoyo a que los adultos mayores dejen de pagar, pero han propuesto alternativas para mitigar el golpe financiero. Entre sus sugerencias se encuentran la implementación de una eximición gradual y la restricción de la medida para que no aplique a personas o inmuebles con niveles de recursos muy elevados.
Actualmente, el Gobierno y los alcaldes mantienen negociaciones sin haber alcanzado aún un acuerdo. Se espera que el próximo jueves se lleve a cabo una reunión clave con el ministro Jorge Quiroz, luego de que la megarreforma superara la votación general en el Senado en su segundo trámite constitucional.
