La situación de la infraestructura urbana en Venezuela ha quedado expuesta tras los recientes eventos sísmicos que han afectado zonas como Caracas y La Guaira. De acuerdo con análisis técnicos y académicos, el estado actual de las edificaciones en el país es el resultado de una combinación crítica entre décadas de crisis económica, una corrupción sistémica y la falta de actualización de estructuras antiguas frente a las normativas antisísmicas modernas.
Matthew Blackett, profesor asociado de Riesgos Naturales de la Universidad de Coventry en el Reino Unido, ha señalado que la precariedad de muchos edificios probablemente se deba a un mantenimiento deficiente o a que fueron construidos ignorando las normativas oficiales. Esta situación no es aislada, sino que se enmarca en un contexto de debilidad institucional. Para ilustrar la gravedad de este escenario, se destaca que Venezuela ocupa el puesto 180 de 182 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, una calificación que refleja un nivel extremadamente alto de corrupción percibida dentro del sector público.
El análisis de los expertos permite diferenciar entre las normativas actuales y la realidad del parque inmobiliario. Si bien se reconoce que las normas de construcción vigentes en Venezuela están actualizadas y cumplen con los estándares internacionales, existe un riesgo inherente en las edificaciones más antiguas. Específicamente, aquellos edificios construidos durante las décadas de 1950, 1960 y 1970 presentan vulnerabilidades significativas debido a que fueron levantados antes de que las normativas de seguridad se actualizaran por completo. Esta observación coincide con las declaraciones del hijo del expresidente Nicolás Maduro, quien afirmó que la mayoría de las estructuras que colapsaron en Caracas datan de esos periodos, concretamente de los años 50 y 60.
Blackett profundiza en este punto mencionando que muchas de estas viviendas y edificios surgieron durante los periodos de auge petrolero de mediados del siglo pasado. En aquel entonces, el rápido crecimiento económico impulsó la construcción masiva, pero es probable que en muchos de estos proyectos se haya escatimado en la calidad de los materiales o en las medidas de seguridad esenciales para garantizar la estabilidad a largo plazo.
Por otro lado, la sociedad civil venezolana ha puesto el foco en las construcciones más recientes pero igualmente cuestionables. Se ha advertido que algunos de los complejos de vivienda pública más afectados son aquellos desarrollados durante el gobierno de Hugo Chávez, como es el caso de Catia La Mar. En estas zonas, la presión por un crecimiento demográfico acelerado llevó a la construcción de cientos de apartamentos en tiempos récord, lo que sugiere que las normas de construcción podrían no haber sido aplicadas con el rigor necesario.
Un factor determinante en la tragedia es la ausencia de programas de adaptación estructural. Muchos de los edificios antiguos no fueron adaptados para cumplir con las normativas antisísmicas actuales. Al respecto, el profesor Blackett estableció una comparación con el caso de San Francisco, Estados Unidos. Tras los terremotos de finales de los años 80, en dicha ciudad se implementaron incentivos y financiación gubernamental destinados específicamente a adaptar los edificios y asegurar su estabilidad. En aquel proceso, las edificaciones eran inspeccionadas rigurosamente y, en caso de no cumplir con las normas de seguridad, eran declaradas inhabitables. Según el experto, un proceso de fiscalización y adaptación similar no ha ocurrido en Venezuela.
Finalmente, Raffaele De Risi, profesor asociado de Ingeniería Civil en la Universidad de Bristol, sostiene que la magnitud real del problema solo podrá determinarse mediante una evaluación posterior al suceso. Para De Risi, la cuestión decisiva reside en cuantificar qué proporción del parque de viviendas actual es anterior a las normativas modernas o cuántas de estas construcciones fueron realizadas de manera informal, al margen de cualquier reglamento técnico. Esta falta de datos precisos y de supervisión estatal incrementa la incertidumbre sobre la seguridad de miles de ciudadanos que habitan en estructuras vulnerables.
