Este lunes 20 de julio, la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York dictó sentencia contra Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. El juez federal Brian Cogan impuso al narcotraficante una condena de cadena perpetua, cerrando así el proceso penal que el gobierno de Estados Unidos había seguido en su contra. Además de la privación definitiva de la libertad, el juez ordenó una confiscación de bienes por un monto de 15 mil millones de dólares.
La resolución judicial ha tenido una repercusión inmediata en el ámbito diplomático. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, utilizó su cuenta en la plataforma X para celebrar el fallo. A través de un mensaje, el diplomático afirmó que la justicia siempre alcanza a los criminales y subrayó que la condena de cadena perpetua contra Zambada envía un mensaje claro. Según Johnson, quienes generan violencia y envenenan a las comunidades mediante la distribución de fentanilo rendirán cuentas, independientemente de su jerarquía o del tiempo transcurrido desde la comisión de sus delitos.
Uno de los puntos más destacados de la sentencia es la magnitud de la sanción económica. Los 15 mil millones de dólares ordenados por el juez Brian Cogan representan la mayor sanción económica solicitada en un caso de narcotráfico dentro de Estados Unidos. Esta cifra supera en 2 mil 400 millones de dólares el decomiso que fue ordenado en el año 2019 contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, el cual estuvo valuado en 12 mil 600 millones de dólares. El monto impuesto a Zambada se basa en la premisa de que su organización criminal obtuvo ganancias multimillonarias durante décadas gracias al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Dicha orden de confiscación fue el resultado de una solicitud presentada por fiscales federales, liderados por Joseph Nocella Jr. La fiscalía sostuvo que la cantidad mencionada corresponde a los recursos generados por la estructura criminal coordinada por Zambada. No obstante, es importante precisar que los 15 mil millones de dólares no representan una cantidad de dinero ya localizada en cuentas bancarias, ni se refieren a propiedades o bienes que ya hayan sido asegurados o decomisados directamente al capo. En realidad, se trata de una estimación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las ganancias totales que el grupo criminal habría obtenido a través de sus actividades ilícitas.
El procedimiento legal permite que el gobierno de Estados Unidos reclame bienes derivados del delito, pero la recuperación efectiva de este dinero dependerá de investigaciones futuras. Las autoridades deberán ubicar activos, inmuebles, cuentas bancarias y empresas que estén vinculadas con las finanzas de la organización. Al respecto, especialistas en seguridad consultados por el medio DW advirtieron que transformar una orden judicial de tal magnitud en recursos recuperados es un proceso complejo. Según estos análisis, las estructuras financieras del narcotráfico suelen dispersarse mediante el uso de prestanombres, la creación de empresas fachada y la realización de operaciones en diversos países.
La base legal para esta confiscación fue el acuerdo de culpabilidad firmado por el propio Ismael “El Mayo” Zambada. En dicho documento, el cofundador del Cártel de Sinaloa reconoció su responsabilidad en las operaciones de la organización y aceptó que el grupo generó miles de millones de dólares. Fue a partir de este reconocimiento que la fiscalía solicitó una sanción patrimonial de magnitud inédita.
Antes de recibir la sentencia de cadena perpetua, Zambada leyó una carta ante el juez Brian Cogan. En el documento, el capo asumió plena responsabilidad por sus crímenes, pidió perdón a las víctimas y manifestó que la violencia debe terminar. La periodista Azucena Uresti compartió el texto íntegro de la misiva en sus redes sociales horas después de la sentencia.
En su carta, Zambada explicó que decidió no ir a juicio porque no quería negar la verdad. El sentenciado afirmó que lo que hizo estuvo mal y que no existe justificación alguna para sus actos. Asimismo, señaló que entiende el deber de las autoridades de proteger a la sociedad y aceptó que sus acciones lo colocaron en el lado opuesto de ese deber, sin intentar matizar su responsabilidad en los hechos.
