El juez José Luis Calama ha tomado una decisión procesal relevante en el marco de la investigación que afecta al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado ha ofrecido a la Agencia Tributaria (AEAT) la posibilidad de personarse en la pieza separada del proceso referida a las joyas incautadas al antiguo mandatario, basándose en la sospecha de que se pudieron cometer delitos contra la Hacienda Pública, además de un presunto delito de contrabando.
Según el auto dictado el pasado martes, el juez Calama considera que la Agencia Tributaria es una “potencial perjudicada” en este asunto. El magistrado ha profundizado en su resolución señalando que la naturaleza de los hechos que se están investigando revela la existencia de un perjuicio patrimonial que está directamente conectado con ingresos de titularidad estatal. Por este motivo, la administración tributaria tendrá la oportunidad de intervenir formalmente en el proceso para defender sus intereses económicos y legales.
Es fundamental precisar que esta investigación sobre las joyas constituye una causa separada de la pieza principal. En el proceso principal se investiga si José Luis Rodríguez Zapatero pudo haber influido en la concesión de un rescate de 53 millones de euros destinado a la aerolínea Plus Ultra. El juez ha decidido separar ambas líneas de investigación debido a que el objeto de las pesquisas sobre las joyas no presenta, a priori, ninguna conexión con el resto de los investigados en el caso del rescate aéreo.
En relación con los objetos incautados, el exdirigente socialista ha solicitado tiempo adicional al juzgado para poder explicar detalladamente la procedencia de las joyas y localizar la documentación necesaria que pueda acreditar su origen legal. Durante el interrogatorio llevado a cabo el pasado miércoles, Zapatero señaló a preguntas del juez que, en un plazo aproximado de diez días, podría comparecer nuevamente para hablar sobre estos objetos. Las joyas fueron halladas en una caja fuerte que, aunque procedía de su vivienda, se encontraba ubicada en su oficina en el momento en que se realizó el registro.
La sospecha del instructor del caso se centra en que estas joyas pudieron haber sido introducidas en territorio español sin ser declaradas en las aduanas y que, asimismo, no se hubiera tributado por ellas. La valoración de estos objetos es considerable, ya que la tasación realizada los ha valorado en más de un millón de euros.
Por su parte, la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcálzar, proporcionó declaraciones a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), afirmando que el contenido de la mencionada caja fuerte formaba parte de una herencia familiar de Sonsoles Espinosa, además de incluir diversos “regalos de viajes”. En este punto, la cronología de los hechos resulta determinante para el futuro judicial de Zapatero: será clave establecer si estos objetos fueron adquiridos o recibidos durante su etapa como presidente del Gobierno, entre los años 2004 y 2011. De confirmarse que proceden de ese periodo, existiría la posibilidad de que los delitos hubieran prescrito.
En el mismo auto, el juez Calama ha rechazado la solicitud de la empresa Softgestor para personarse en la causa. El magistrado ha argumentado que no existe una conexión material entre la posición procesal de dicha compañía y los hechos que se están examinando. Softgestor aparece mencionada en un informe de la UDEF como una de las sociedades que realizó abonos de dinero a Análisis Relevante, la consultora propiedad de Julio Martínez Martínez, quien es amigo del expresidente. Esta consultora se encuentra en el centro de la investigación principal, donde se analizan los supuestos trabajos que Zapatero habría realizado para Análisis Relevante, percibiendo por ello la cantidad de medio millón de euros.
Paralelamente, la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha intensificado sus acciones legales. El expresidente ha solicitado a la Audiencia Nacional la anulación completa de la causa, alegando que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Asimismo, ha manifestado su deseo de saber si los dispositivos incautados fueron analizados sin la debida autorización judicial, advirtiendo que esto podría conducir a una posible nulidad de las actuaciones. Zapatero también ha pedido al juez que excluya de la causa el informe relativo a sus negocios en Bolivia, calificando la inclusión de dicha información como un “atropello” a su intimidad.
