La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) y la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) han manifestado su postura oficial respecto a los procesos de selección de las nuevas autoridades que liderarán los organismos reguladores del país. Ambas entidades han exhortado a que el proceso de designación de estas figuras quede bajo la responsabilidad del próximo gobierno, argumentando que tales decisiones no deberían ser adoptadas durante las últimas semanas de la administración saliente.
Este pedido surge en un momento crítico, dado que actualmente se encuentran en marcha los procesos de selección para el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). Estos organismos son piezas fundamentales para la supervisión de sectores estratégicos que impactan directamente en el desarrollo económico y social de la nación.
Los dos gremios han sostenido que no resulta pertinente ni adecuado acelerar estos nombramientos en el contexto actual de transición gubernamental. La preocupación radica en que las autoridades que sean designadas en este cierre de gestión tendrán la responsabilidad de conducir los organismos reguladores durante los próximos años, lo que implica que su permanencia y visión deben estar alineadas con una planificación a largo plazo y una transición ordenada.
Desde la perspectiva de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, el presidente de la entidad, Felipe Cantuarias, destacó la importancia de la previsibilidad regulatoria, especialmente en sectores como el energético. Cantuarias señaló que, debido a que este sector requiere de una estabilidad normativa extendida en el tiempo, las decisiones sobre quiénes dirigirán la regulación deben adoptarse bajo una visión de continuidad institucional.
Asimismo, el representante de la SPH expresó una preocupación particular sobre el impacto que estas designaciones apresuradas podrían generar en la estabilidad regulatoria de Osinergmin. El gremio enfatizó que las inversiones en el rubro de hidrocarburos son de naturaleza compleja y demandan un entorno predecible, regido por reglas claras que no se vean alteradas por procesos de nombramiento realizados al cierre de un ciclo gubernamental.
Por otro lado, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) centró sus cuestionamientos en el anuncio sobre la conformación de los comités de selección y el cronograma establecido para elegir a los nuevos presidentes de los organismos reguladores. AFIN indicó que no existe una justificación técnica o administrativa que valide la aceleración de este proceso, subrayando que, hasta el momento, no se han implementado las reformas necesarias para fortalecer la gobernanza de estas entidades.
En este sentido, AFIN puso el foco en el modelo de gestión vigente, criticando que se concentren demasiadas atribuciones en la Presidencia Ejecutiva. Según el gremio, este modelo ha evidenciado limitaciones significativas en el pasado. Por ello, consideraron imperativo fortalecer el rol de los consejos directivos, lo cual garantizaría una mayor independencia, transparencia y eficacia en la toma de decisiones regulatorias, evitando la concentración de poder en una sola figura.
Tanto la SPH como AFIN coincidieron plenamente en que la responsabilidad de conducir estos procesos de selección debe recaer en el gobierno que asumirá sus funciones el próximo 28 de julio. Para los gremios, esto permitiría que la transición sea ordenada y que exista un espacio de discusión real que permita fortalecer la institucionalidad de los organismos reguladores antes de proceder con los nombramientos.
Finalmente, ambas organizaciones concluyeron que postergar estas designaciones para la nueva administración contribuiría significativamente a preservar la estabilidad regulatoria del país. Según indicaron, esta medida sería fundamental para mantener la confianza de los inversionistas y asegurar el adecuado funcionamiento de los sectores estratégicos, evitando incertidumbres que pudieran afectar el crecimiento económico nacional.
