El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha emitido una resolución judicial que ordena el traslado de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como el “Comandante Ramiro”, desde el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad hacia el Complejo Penitenciario de Rancagua. Esta decisión pone fin a un intenso debate administrativo y judicial sobre las condiciones de reclusión del exfrentista, acogiendo la solicitud presentada por su equipo de defensa.
De acuerdo con lo determinado por la magistratura, Gendarmería de Chile dispone de un plazo máximo de diez días para concretar el traslado del interno. Con esta medida, Hernández Norambuena regresará al establecimiento penitenciario donde había permanecido durante los últimos cinco años, abandonando el régimen de máxima seguridad al que fue derivado hace apenas tres semanas.
La resolución judicial llega en un momento de tensión interna dentro de la institución penitenciaria. El caso del “Comandante Ramiro” había generado una división de criterios en Gendarmería: mientras que un sector de la institución defendía la necesidad de mantener al interno bajo estrictas medidas de seguridad, otra área advertía que las condiciones actuales de su encierro podrían derivar en un trato inhumano, contraviniendo normativas básicas de derechos humanos.
Durante el desarrollo de la audiencia, los representantes de Gendarmería intentaron justificar la permanencia del interno en el Recinto de Alta Seguridad haciendo eco de los antecedentes históricos. Específicamente, se recordó la emblemática fuga en helicóptero ocurrida en 1996 desde la Cárcel de Alta Seguridad, un episodio que marcó la historia carcelaria de Chile y que fue utilizado como el principal argumento para sostener que Hernández Norambuena debía permanecer en un recinto de máxima vigilancia para evitar riesgos similares.
Sin embargo, el Séptimo Juzgado de Garantía decidió que, en el escenario actual, deben prevalecer los criterios vinculados a los derechos fundamentales y al estado de salud del interno. Para fundamentar esta decisión, el tribunal se basó en informes técnicos elaborados por el Departamento de Derechos Humanos de la propia Gendarmería y por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Ambos organismos concluyeron que Mauricio Hernández Norambuena es un adulto mayor que padece diversas patologías médicas, lo que hace incompatible su permanencia en un régimen de alta seguridad.
En el cuerpo de la resolución, el tribunal fue enfático al recordar que el hecho de estar privado de la libertad no implica que la persona pierda el resto de sus derechos fundamentales. Esta premisa fue clave para desestimar los argumentos de seguridad máxima en favor de la integridad física y la salud del detenido.
La decisión judicial coincide con las recomendaciones emitidas previamente por el Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Gendarmería. Dicho informe, que fue solicitado por la defensa, detallaba que el exfrentista se encontraba en condiciones precarias: el uso permanente de esposas, la exposición a bajas temperaturas al interior de su celda y la falta de acceso a programas de reinserción social.
Además, el documento alertó sobre un punto crítico: el traslado al recinto de alta seguridad había provocado la interrupción de diversas atenciones médicas que ya habían sido autorizadas por los tribunales correspondientes. Esta situación fue denunciada por su abogado, Mauricio Menares, quien acusó formalmente que la administración de Gendarmería estaba deteriorando el estado de salud de su representado al priorizar la seguridad sobre la atención médica necesaria para un adulto mayor.
Por otro lado, el caso no ha estado exento de críticas administrativas. Claudio Martínez, exdirector de Gendarmería, manifestó su cuestionamiento frente a la situación, señalando como contradictorio que una unidad especializada de la propia institución terminara recomendando revertir una decisión que la administración penitenciaria había adoptado solo unas semanas antes.
Con el cumplimiento del plazo de diez días, el “Comandante Ramiro” volverá a las dependencias de Rancagua, cerrando así este episodio de disputa entre los protocolos de seguridad máxima y los estándares de protección de derechos humanos para personas adultas mayores en situación de encierro.
