El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados en una sesión marcada por la tensión y la exigencia de respuestas sobre las diversas causas judiciales que afectan al entorno gubernamental. Durante su intervención, el mandatario ha intentado desvincular la gestión actual del Gobierno de las investigaciones que rodean al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, defendiendo a su familia y solicitando que la Justicia actúe con equidad, asegurando textualmente: “Le pido a la Justicia que sea justa”.
La controversia se ha centrado en un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el cual acusa a Zapatero de haber percibido la cantidad de 200.000 euros a cambio de ejercer su influencia política en Bolivia en favor de una empresa. Este señalamiento ha servido de combustible para las críticas de la oposición durante la sesión de control.
Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha lanzado una dura ofensiva contra el presidente, situándolo como el núcleo de los problemas judiciales. Feijóo ha calificado a Sánchez como el “nexo político corruptor”, llegando a afirmar que el presidente “puso el Estado en manos de gentuza”. Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado el espacio para lanzar una advertencia directa a los populares, señalando que “el cambio no está hecho ni va a ser fácil hacerlo”.
La presión no solo ha provenido de la derecha. Desde los socios y aliados de la izquierda, el tono también se ha endurecido. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha formulado preguntas directas y agresivas al presidente, cuestionando si Sánchez tenía conocimiento de los hechos o si “ustedes han robado”. En la misma línea, Ione Belarra, representante de Podemos, ha solicitado al presidente que “deje paso” para permitir que la ciudadanía tenga voz en la situación actual. Asimismo, el grupo de Junts ha planteado la posibilidad de que Sánchez dimita, aunque han indicado que podrían apoyar la investidura de otro presidente perteneciente al PSOE.
Paralelamente a la actividad parlamentaria, se ha reanudado el juicio de la Kitchen tras varias semanas de pausa. En el banquillo se encuentran mandos de la brigada política que el PP presuntamente utilizó para sabotear el caso de la caja B, así como para realizar ataques contra Podemos e independentistas catalanes. Entre los testimonios más relevantes ha destacado el de Andrés Gómez Gordo, policía y asesor de Cospedal. Gómez Gordo cerró su declaración con una frase que ha generado impacto: “Intentar medrar no es delito”. A pesar de sus palabras, el agente se enfrenta a cargos por presunta comisión de delitos de malversación, encubrimiento y dos delitos contra la intimidad.
En el plano internacional, la actualidad ha estado marcada por la tragedia en Venezuela, donde un doblete sísmico compuesto por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ha asolado el país. El impacto ha sido especialmente severo en Caracas, donde se han reportado decenas de muertos y graves daños materiales. Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ha constituido una comisión específica para realizar el seguimiento de la crisis en el país sudamericano.
Asimismo, las tensiones diplomáticas han aumentado debido a las declaraciones de Donald Trump, quien ha insultado a España y ha cargado contra Francia, Italia y Alemania, contando con la complicidad de Rutte. En otros escenarios, se ha reportado un estallido social en Albania, donde la ciudadanía se manifiesta contra un megaproyecto de lujo de la familia Trump bajo la consigna de que “nuestro país no está en venta”.
Finalmente, en el ámbito local, se registran conflictos entre el PP de Madrid y el medio elDiario.es, ya que la formación política intenta cancelar el festival organizado por el periódico. A esto se suma la polémica en el Ayuntamiento de Madrid, donde Almeida ha recolocado en un solo día y con un sueldo récord a la pareja del consejero de Ayuso, un fichaje que había sido criticado previamente por el organismo Antifraude.
