La administración venezolana, a través de la gestión impulsada por Delcy Rodríguez, se prepara para presentar a sus acreedores una cifra de reconocimiento de deuda acumulada que asciende a los 240.000 millones de dólares. Esta información, revelada inicialmente por el diario Financial Times, ha provocado una serie de reacciones y análisis críticos entre diversos economistas, quienes advierten que el monto es significativamente superior a las estimaciones que manejaba el mercado hasta hace poco.
Anteriormente, las proyecciones sobre el endeudamiento real del país oscilaban entre los 150.000 y los 200.000 millones de dólares. Sin embargo, la cifra de 240.000 millones de dólares cambia drásticamente la perspectiva de la reestructuración financiera que busca implementar el gobierno venezolano. Para los especialistas, este incremento en la cifra reconocida no es un detalle menor, sino un factor que altera la escala del desafío económico que enfrenta la nación.
El economista Asdrúbal Oliveros ha señalado que la naturaleza de la discusión técnica ha dado un giro fundamental. Según Oliveros, el debate ya no debe centrarse primordialmente en el momento oportuno para iniciar la reestructuración de la deuda, sino en la determinación del monto real que el país adeuda. El experto enfatizó que, mientras algunos cálculos previos se situaban en el rango de los 160.000 a 170.000 millones de dólares, la cifra reportada por el Financial Times eleva la magnitud del problema a un nivel muy superior, lo que redefine la complejidad de cualquier acuerdo futuro.
Por su parte, Leonardo Vera ha profundizado en el impacto macroeconómico que tendría la confirmación de este pasivo. Vera destaca que una deuda de 240.000 millones de dólares representaría aproximadamente 2,4 veces el Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela. Asimismo, advirtió que este monto equivaldría a ocho veces los ingresos petroleros estimados para el presente año, lo que pone en tela de juicio la capacidad de pago del Estado. En términos individuales, Vera calculó que esta carga financiera se traduce en una deuda de 8.500 dólares por cada habitante del país, subrayando la presión extrema que una cifra de tal escala impondría sobre las finanzas públicas.
Desde otra perspectiva, el economista Francisco Rodríguez ha puesto el foco en la evolución cronológica del endeudamiento externo. Rodríguez recordó que, basándose en las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela, la deuda externa total del país durante el primer trimestre de 2019 se situaba en 129.000 millones de dólares. Ante este dato, Rodríguez plantea una interrogante crítica sobre la gestión financiera de los últimos años: ¿cómo es posible que el país haya acumulado unos 100.000 millones de dólares adicionales en un periodo de siete años?
Para Francisco Rodríguez, cualquier proceso de reestructuración serio y viable debe fundamentarse en un diagnóstico que sea verificable. El economista insiste en que es imperativo que el gobierno proporcione una explicación clara y detallada sobre la composición y el origen de este pasivo, especialmente si la cifra oficial que se presentará a los acreedores es, efectivamente, la de 240.000 millones de dólares.
En cuanto a la ejecución técnica de este proceso, el Financial Times ha resaltado un aspecto inusual: el análisis de sostenibilidad de la deuda no está siendo desarrollado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que habitualmente supervisa operaciones de esta envergadura. En su lugar, el gobierno venezolano ha contratado al banco de inversión Centerview Partners para que actúe como asesor financiero. El objetivo de esta alianza es lograr un acuerdo con los acreedores antes de que finalice el año, buscando así facilitar el eventual regreso de Venezuela a los mercados internacionales de crédito.
No obstante, diversos economistas consultados advierten sobre los riesgos de este camino. Señalan que llevar a cabo una reestructuración acelerada y sin el respaldo técnico y la validación del FMI podría dejar a Venezuela en una posición de debilidad negociadora frente a los tenedores de bonos. Esta vulnerabilidad se acentuaría si el país reconoce formalmente un pasivo de 240.000 millones de dólares sin contar con un marco de sostenibilidad avalado internacionalmente.
