La candidata derechista Keiko Fujimori ha alcanzado este martes una ventaja numérica suficiente para posicionarse como la próxima presidenta de Perú. Según los datos más recientes del proceso electoral, Fujimori aventaja al candidato izquierdista Roberto Sánchez por un margen de 42.097 votos, en un escenario donde Sánchez ha denunciado un supuesto fraude, aunque no ha presentado pruebas, solicitando formalmente la anulación de la votación realizada en el exterior.
Al alcanzar el 99,79 % del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las cifras indican que Fujimori ostenta el 50,11 % de los votos válidos, frente al 49,88 % obtenidos por Sánchez. La diferencia de 42.097 votos se considera ya irreversible desde el punto de vista del conteo matemático, dado que solo quedan aproximadamente 38.200 votos por contabilizar para ambos contendientes, una cantidad insuficiente para alterar el resultado actual.
Hasta la noche de este martes, el proceso de escrutinio mantenía pendientes 191 actas electorales, lo que representa el 0,20 % del total de las 92.766 mesas electorales que fueron instaladas para la jornada de votación celebrada el pasado 7 de junio. Se estima que estas actas restantes contienen, en promedio, unos 200 votos para los candidatos por cada acta.
A pesar de la ventaja numérica, este resultado no podrá considerarse definitivo hasta que los jurados electorales emitan un pronunciamiento oficial sobre la solicitud presentada el lunes por Roberto Sánchez. El candidato izquierdista busca la anulación de la votación en el exterior, una medida que, de ser aceptada, revertiría los resultados actuales y le otorgaría la victoria a él, quien se ha consolidado como el candidato más votado dentro del territorio nacional.
El impacto de una posible eliminación de los votos de los peruanos residentes en el extranjero sería determinante. En ese escenario, los porcentajes del escrutinio se invertirían totalmente: Sánchez pasaría a obtener el 50,11 % de los votos válidos, superando a Fujimori, quien bajaría al 49,88 %. Esta modificación le daría a Sánchez una ventaja de 39.292 papeletas sobre la candidata derechista.
El líder del partido Juntos por el Perú ha fundamentado su pedido de anulación argumentando que la votación en el exterior debería ser considerada inválida. Según Sánchez, para esta segunda vuelta se eliminó la transmisión de resultados de manera digital, una decisión que habría sido tomada a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta situación obligó a que las actas fueran enviadas físicamente hasta Lima para su escrutinio, proceso que, según el candidato, careció de la debida custodia.
Ante la posibilidad de que su solicitud sea rechazada, Roberto Sánchez ha anticipado que no reconocerá el gobierno de Keiko Fujimori. Asimismo, ha advertido que promoverá protestas en las calles si las autoridades electorales no acceden a su petición de anular los votos de la diáspora.
Por su parte, Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, aún no ha salido a declararse ganadora. La candidata, que se presentó por cuarta vez a la Presidencia tras haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones anteriores, ha criticado la postura de su rival, señalando que Sánchez busca desconocer la voluntad de los peruanos que residen fuera del país.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como máxima autoridad electoral, tiene previsto proclamar los resultados oficiales a más tardar a mediados de julio. De confirmarse el triunfo de la líder del partido Fuerza Popular, Fujimori iniciaría su mandato de cinco años el próximo 28 de julio, cubriendo el periodo 2026-2031.
Este posible resultado llegaría tras una década de marcada inestabilidad política en Perú, periodo en el cual el país ha tenido ocho presidentes debido a una serie de destituciones promovidas por el Parlamento. Además, supondría el regreso del fujimorismo al poder veintiséis años después de que Alberto Fujimori dimitiese por fax desde Japón. Aquella renuncia ocurrió tras el estallido de un escándalo de corrupción que involucraba a su asesor Vladimiro Montesinos, resultando ambos posteriormente condenados por delitos de corrupción y lesa humanidad.
