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Contraloría detecta baja ejecución presupuestal y presunto detrimento millonario en la Unidad para las Víctimas

La Contraloría General de la República reveló los resultados de una Auditoría Financiera realizada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en la que evidenció una baja ejecución del presupuesto correspondiente a la vigencia 2025, así como deficiencias en los registros contables que derivaron en un hallazgo con presunta incidencia fiscal por más de $33.009 millones.

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Contraloría detecta baja ejecución presupuestal y presunto detrimento millonario en la Unidad para las Víctimas
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La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades en la Unidad para las Víctimas, detectando un presunto detrimento patrimonial superior a los 33 mil millones de pesos. El reporte señala la desaparición de mercancías y la ausencia de soportes documentales, sumado a fallas críticas en los registros contables de la entidad. Además, la auditoría denunció una alarmante baja ejecución presupuestal para el año 2025, donde solo se utilizó el 50,36 por ciento de los recursos asignados, dejando rezagos por casi 2 billones de pesos. Este escenario culminó en 23 hallazgos administrativos, la mayoría con presunta incidencia disciplinaria, lo que afecta directamente el cumplimiento de las metas institucionales y la atención a las víctimas.

La Contraloría General de la República ha hecho públicos los resultados de una exhaustiva Auditoría Financiera realizada a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). El informe revela una situación preocupante respecto a la gestión de los recursos públicos, destacando una baja ejecución del presupuesto correspondiente a la vigencia 2025 y diversas deficiencias en los registros contables de la entidad.

Uno de los puntos más críticos del reporte es la identificación de un hallazgo con presunta incidencia fiscal que asciende a más de $33.009 millones de pesos. Según el organismo de control, este monto se deriva de irregularidades graves, tales como la ausencia de soportes documentales que acreditaran la entrega efectiva de bienes a los beneficiarios finales, la imposibilidad de ubicar físicamente diversas mercancías y la omisión de estos bienes dentro de los registros contables oficiales de la institución. Estos hechos, según la Contraloría, configuran un presunto detrimento al patrimonio público.

En cuanto al análisis presupuestal, la auditoría detalló que para la vigencia 2025, la Unidad para las Víctimas contaba con una apropiación presupuestal vigente de $4,43 billones de pesos. De este monto total, la entidad logró comprometer la suma de $4,34 billones, lo que representa un porcentaje del 97,85 % del presupuesto asignado. No obstante, la cifra de las obligaciones efectivamente ejecutadas fue considerablemente menor, alcanzando únicamente los $2,23 billones de pesos, lo que equivale a solo el 50,36 % de los recursos.

Para la Contraloría General, esta disparidad entre los recursos comprometidos y los ejecutados evidencia una baja ejecución presupuestal que dejó rezagos cercanos a los $2 billones de pesos. El ente de control advirtió que esta situación afecta directamente el cumplimiento de las metas institucionales de la UARIV. Si bien el informe menciona que la entidad adelantó diversas acciones con el objetivo de acelerar la ejecución y fortalecer los compromisos misionales, el organismo de control señaló que tales medidas no fueron suficientes para lograr una ejecución acorde con los objetivos previstos y las necesidades de la población atendida.

Además de la gestión presupuestal, la auditoría evaluó la calidad y confiabilidad de la información contable de la Unidad. Durante este proceso, se detectaron inconsistencias relevantes, entre las que resalta la falta de reconocimiento en los estados financieros de recursos que fueron entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) bajo la modalidad de donaciones.

El alcance de la auditoría fue amplio, ya que no se limitó únicamente a la revisión de los estados financieros y la ejecución del presupuesto con corte al 31 de diciembre de 2025. El proceso evaluó también el cumplimiento de diversas políticas públicas fundamentales, tales como las relacionadas con la discapacidad, el postconflicto, la paz, la equidad de género, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la austeridad del gasto, el desarrollo sostenible y la valoración de costos ambientales.

Como resultado final del proceso auditor, se contabilizaron un total de 23 hallazgos administrativos. De este grupo, 18 cuentan con presunta incidencia disciplinaria. Asimismo, la Contraloría estableció un hallazgo con incidencia fiscal, un hallazgo destinado a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio, un hallazgo con incidencia para ser trasladado a la DIAN y dos hallazgos adicionales para los cuales se solicitó la apertura de una indagación preliminar.

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