El panorama político en Colombia se ha tensado tras el regreso al país de Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, el principal firmante del Acuerdo de Paz de 2016 y último comandante de las extintas Farc-EP. Su retorno se produce en un momento de alta polarización, marcado por fuertes críticas y amenazas de prisión provenientes del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien ha dejado clara su intención de modificar profundamente la estructura institucional encargada de ejecutar la paz.
Londoño había viajado a España para participar en un foro organizado por la Izquierda Unida Federal, donde compartió su experiencia en el proceso de paz y habló sobre la cooperación internacional. Durante su ausencia, circularon rumores que sugerían que el político había solicitado asilo en Europa para evitar regresar a Colombia. No obstante, estas versiones fueron desmentidas por su abogado, quien solicitó prudencia y pidió el cese de lo que calificó como una "campaña de estigmatización" que pone en riesgo la integridad del excomandante, asegurando que Londoño ha cumplido estrictamente sus compromisos con el Acuerdo y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El retorno oficial de Londoño se concretó el 14 de julio, fecha en la que se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para firmar el documento que certificaba su regreso al territorio nacional. Posteriormente, el político participó en el Congreso Internacional por los 10 años del Acuerdo de Paz, celebrado en el Teatro Colón de Bogotá, y en un foro organizado por la Contraloría General de la República.
En estos espacios, Timochenko abordó las controversias generadas por sus viajes internacionales. Aseguró que su condición de firmante del acuerdo lo ha llevado a ser invitado frecuentemente a escenarios globales, mencionando visitas a ciudades como Moscú y París, esta última en compañía del expresidente Juan Manuel Santos. "Ya tengo casi el pasaporte lleno. No sé por qué se escandalizaron porque fui a España", afirmó Londoño, restando importancia a las críticas sobre su movilidad internacional.
Sin embargo, la situación se torna crítica frente a las propuestas del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El mandatario ha anunciado una reforma administrativa que busca reducir la burocracia, eliminando cerca de 229 cargos para ahorrar aproximadamente 10.000 millones de pesos. Dentro de este plan, de la Espriella propone desaparecer la figura del Alto Comisionado para la Paz, sustituyéndola por una Consejería de Seguridad. Asimismo, plantea la eliminación de la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, redistribuyendo sus funciones entre los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.
El presidente electo ha sido tajante al calificar la gestión actual como una "falsa paz" y ha lanzado ataques directos contra Londoño, a quien llamó "criminal de guerra" y "bandido". De la Espriella sostuvo que el excomandante de las Farc "merece estar preso de por vida" y criticó que el salvoconducto otorgado por la JEP sirva para "lavar sus crímenes".
Ante estas declaraciones, Rodrigo Londoño hizo un llamado a la moderación y a evitar las respuestas incendiarias que, según él, solo agudizan la polarización. El firmante de paz enfatizó la importancia de blindar el Acuerdo y proteger la vida de quienes lo suscribieron, advirtiendo que los mensajes de odio ponen en peligro a los excombatientes. "Esto va a estar duro, va a estar difícil, pero la decisión que nunca podemos tomar es volver a las armas, porque sería un suicidio político y personal", sentenció.
La preocupación de Londoño se sustenta en cifras alarmantes. Solo en 2025, se han registrado el asesinato de 187 líderes sociales y 173 firmantes del Acuerdo de Paz. Según organizaciones como Indepaz, desde la firma del acuerdo en 2016, más de 460 firmantes han sido asesinados. En un tono sombrío, Londoño afirmó que, si llegara a ser el "firmante 501 asesinado", sería una consecuencia aceptada por su convicción, confiando en que millones de colombianos mantendrían la bandera de la paz en alto.


