En el marco de los preparativos para conmemorar los diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha puesto en marcha una serie de anuncios que buscan transformar profundamente la estructura administrativa del Estado y redefinir la posición del Gobierno frente a los procesos de paz. Estas declaraciones, que ya formaban parte de su plataforma durante la campaña, se concretarían una vez el mandatario asuma el cargo en la Casa de Nariño.
Los cambios propuestos se presentan bajo la bandera de una reforma administrativa integral. De la Espriella ha manifestado su intención de convertir la Presidencia de la República en un “centro de coordinación ejecutiva”. Como parte de esta reestructuración, el presidente electo busca eliminar aproximadamente 229 cargos públicos, una medida que, según sus cálculos, permitiría un ahorro estimado en 10.000 millones de pesos.
Uno de los puntos más controvertidos de este plan es la eliminación del Alto Comisionado para la Paz, una figura que ha estado presente en los gobiernos colombianos desde mediados de los años noventa, pasando por administraciones como las de Ernesto Samper, con Carlos Holmes Trujillo, hasta la de Gustavo Petro, con Otty Patiño. En su lugar, De la Espriella propone la creación de una Consejería de Seguridad.
Además del Comisionado para la Paz, el mandatario electo planea suprimir la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Las funciones que actualmente desempeñan estas dependencias serían redistribuidas entre los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Al respecto, el presidente electo fue tajante al afirmar que el Comisionado para la Paz desaparecerá porque en su administración “no habrá más procesos de falsa paz”. Asimismo, subrayó que a partir del 7 de agosto, su objetivo primordial será garantizar la seguridad del pueblo y lograr el “desmonte total del perverso sistema de impunidad”.
Sin embargo, estas medidas han generado alertas en diversos sectores. Laura Bonilla, directora de la Fundación Pares, advirtió que sustituir la consejería de paz por una de seguridad no solo cerraría la puerta a nuevas negociaciones, sino que podría generar una duplicidad de funciones con el Ministerio de Defensa. Además, señaló que esta decisión podría comprometer el cumplimiento de obligaciones ya adquiridas por el Estado colombiano frente a las víctimas, los implicados y la comunidad internacional en relación con el Acuerdo de 2016. Bonilla resaltó que la combinación del uso de la fuerza con procesos de negociación, aplicada en gobiernos anteriores como el de Duque o Petro, ha sido un aprendizaje acumulado que dio resultados positivos en seguridad entre 2018 y 2019.
Desde la perspectiva legal, el artículo 189 de la Constitución otorga al presidente la facultad de suprimir o fusionar entidades administrativas y modificar la estructura de los ministerios, lo que le daría margen para trasladar las funciones de las consejerías. No obstante, el excandidato Roy Barreras advirtió que esta facultad no es absoluta, pues reorganizar la administración es diferente a desconocer la implementación del Acuerdo de Paz, la cual posee un rango de obligación constitucional para el Estado.
Paralelamente a la reforma administrativa, el presidente electo ha mantenido fuertes críticas contra Rodrigo Londoño, alias Timochenko, presidente del partido Comunes. De la Espriella ha insistido en que Londoño debería estar en prisión, llegando a publicar en su cuenta de X imágenes de exmiembros de las Farc en la vida civil, acompañadas del mensaje: “No hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas”. El mandatario electo aseguró explícitamente que “ese bandido de Timochenko debe estar preso de por vida” y que trabajará para lograrlo, aunque no ha detallado el mecanismo legal para ejecutar dicha medida.
En respuesta a este clima político, Rodrigo Londoño regresó al país tras un viaje por Europa y se presentó en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde afirmó estar en Colombia para contribuir con la verdad, la reparación y la reconciliación. Este regreso ocurre en un momento de tensión, debido a que las sanciones restaurativas sin cárcel impuestas a los miembros del antiguo secretariado en el Macrocaso 1 han sido criticadas por sectores que las consideran insuficientes frente a los más de 21.000 secuestros documentados.
Ante estos señalamientos, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación investigar al presidente electo por sus declaraciones contra Londoño. Asimismo, pidió a la Corte Constitucional activar los mecanismos de protección del Acuerdo, recordando que este forma parte del bloque de constitucionalidad.
Finalmente, sobre la posibilidad de eliminar la JEP, el análisis es distinto al de las consejerías. Mientras que las dependencias administrativas pueden reorganizarse por decreto, la JEP cuenta con un blindaje constitucional establecido en el Acto Legislativo 01 de 2017. Según el analista Alejandro Chala, eliminar este tribunal requeriría una reforma constitucional, un proceso mucho más lento y costoso políticamente que un decreto administrativo, dado que la vigencia de la JEP se extiende hasta el año 2037.
