El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento en el marco de la acción popular interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano y la Fundación DILO Colombia. Este proceso judicial cuestiona las reiteradas declaraciones emitidas por el presidente de la República, Gustavo Petro, en las que ha hecho referencia a un supuesto fraude electoral en el país. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes, el proceso judicial avanzará ahora hacia la etapa de práctica de pruebas.
La sesión, que tuvo lugar la mañana de este miércoles 15 de julio, estuvo bajo la dirección del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano. El propósito fundamental de esta audiencia era explorar la posibilidad de establecer una fórmula de arreglo que permitiera poner fin al conflicto jurídico. No obstante, al no concretarse un consenso, el magistrado dio por terminado el intento de conciliación y ordenó que el expediente siga su trámite ordinario según lo establecido por la ley.
Uno de los momentos de mayor tensión durante el desarrollo de la diligencia ocurrió cuando el magistrado Lasso Lozano consultó directamente al apoderado del jefe de Estado, el abogado Alejandro Carranza, sobre la disposición del presidente Gustavo Petro para aceptar los resultados obtenidos en la segunda vuelta electoral. Ante este interrogante, la respuesta de Carranza fue defensiva y cuestionó la base de la demanda, preguntando al magistrado en qué parte del documento se establecía que el presidente tuviera la obligación de reconocer al candidato electo.
En el transcurso de su intervención, la defensa del presidente manifestó que existía un "sesgo" por parte del magistrado Lasso Lozano. Según el abogado Carranza, el funcionario judicial no estaría evaluando la posición de la parte demandada, sino que se limitaría a considerar únicamente los argumentos presentados por la parte demandante. A pesar de estas tensiones, Carranza señaló que coinciden con el actor popular en la necesidad de velar por la transparencia del sistema electoral, afirmando que su equipo entiende contundentemente que dicha transparencia es esencial.
El abogado del presidente sostuvo que la transparencia electoral efectivamente se ha dado y argumentó que la intervención de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el debate público invalida las pretensiones de la demanda. Según Carranza, basándose en una opinión consultiva, este tipo de debates no deben ser objeto de censura, sino que deben fomentarse para enriquecer el debate democrático. Asimismo, planteó un argumento basado en los resultados electorales, cuestionando si ganó un candidato de la extrema derecha y opositor o si lo hizo el candidato del progresismo con una línea ideológica compartida con el presidente Petro, concluyendo que el hecho de que el sistema haya funcionado demuestra su transparencia.
La audiencia no estuvo exenta de llamadas de atención. El magistrado Lasso Lozano realizó un llamado de atención verbal a Alejandro Carranza, instándolo a moderar el tono de sus intervenciones, calificándolas de "agresivas". El magistrado le solicitó expresamente que se abstuviera de realizar señalamientos contra funcionarios públicos durante el trámite judicial. Esta advertencia surgió después de que el abogado del presidente afirmara que la Procuraduría General de la Nación se había "confabulado" para actuar en contra del jefe de Estado.
La acción popular promovida por Ramiro Bejarano se fundamenta en las declaraciones del presidente Petro, quien incluso antes de las elecciones presidenciales de 2026, y durante los procesos de primera y segunda vuelta, ha señalado la existencia de presunto fraude electoral. Entre los puntos cuestionados se encuentran las afirmaciones sobre la manipulación del software electoral, irregularidades en los formularios y los riesgos asociados con el kit de votación. El objetivo del proceso es determinar si estos mensajes han puesto en riesgo la transparencia del sistema electoral, la confianza de la ciudadanía y otros intereses colectivos.
El origen de este proceso en el Tribunal se remonta a los señalamientos constantes que el presidente ha hecho contra el registrador nacional, Hernán Penagos. Un ejemplo citado es la manifestación del pasado 19 de febrero en la Plaza Bolívar de Bogotá, donde el presidente afirmó que existía un "100 % de riesgo de fraude electoral" para los comicios.
Tras el fracaso de la conciliación, el proceso entra en la fase de decreto y práctica de pruebas solicitadas por las partes. En esta etapa crucial, el presidente Gustavo Petro y su representación legal deberán sustentar y presentar las evidencias que respalden las afirmaciones de presunto fraude electoral a las que han hecho referencia públicamente.
