El sector gremial ha manifestado su profunda preocupación y malestar ante lo que consideran un incumplimiento de la normativa vigente por parte de diversas entidades financieras. A través de sus representantes, han hecho un llamado urgente al Gobierno para que intervenga y haga cumplir el Decreto Supremo 2630, una norma diseñada específicamente para brindar alivio económico a quienes han visto mermados sus ingresos debido a situaciones críticas de fuerza mayor.
La controversia se centra en la implementación de los mecanismos de refinanciamiento y reprogramación de créditos que fueron habilitados por el Ejecutivo. Según se reporta, aunque el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 2630 durante la primera semana del mes de junio, la realidad en las ventanillas de los bancos es distinta. El sector gremial advierte que algunas entidades financieras se están negando a acatar lo dispuesto en dicha norma, dejando en la incertidumbre a cientos de comerciantes que buscan regularizar su situación crediticia.
Para comprender el alcance de esta disputa, es necesario revisar los detalles técnicos de la normativa. El pasado 8 de junio, el presidente Rodrigo Paz firmó el DS 5630 (citado en el marco de estas medidas), el cual otorga la facultad legal a las personas que se han visto afectadas por conflictos sociales y bloqueos de carreteras para reprogramar y refinanciar sus deudas bancarias. Esta disposición no es un simple trámite, sino que establece la implementación de periodos de gracia y, fundamentalmente, busca evitar el deterioro del historial crediticio de los usuarios, un activo vital para cualquier emprendedor o comerciante. Para acceder a estos beneficios, la norma estipula que el usuario debe realizar una solicitud formal ante su entidad financiera, proceso que es aplicable por un plazo de seis meses.
Ante este escenario, Juan Carlos Vargas, dirigente de la segunda Federación de Gremiales de Tarija, ha alzado la voz para exigir que el espíritu de la ley se traduzca en acciones concretas por parte de los bancos. Vargas fue enfático al señalar que la solicitud de reprogramación de los créditos no debe ser interpretada como la búsqueda de un "regalo" o una condonación de la deuda. Por el contrario, subrayó que los comerciantes mantienen su voluntad de pago y están dispuestos a cancelar sus obligaciones financieras más adelante, una vez que sus actividades económicas logren recuperarse plenamente.
En sus declaraciones, Vargas hizo un llamado a la empatía y a la responsabilidad social de las instituciones financieras. El dirigente manifestó que el objetivo es cumplir con el banco y evitar caer en mora o retrasos en los pagos, pero solicitó que las entidades "se pongan la mano al pecho" por el sector gremial. Según Vargas, los comerciantes son uno de los grupos más vulnerables y los más afectados directamente por los conflictos sociales que el Gobierno ha tenido que enfrentar. En este sentido, insistió en que no solo los bancos deben responder, sino que el Gobierno tiene la obligación de asegurar que lo estipulado en el decreto sea cumplido estrictamente por todas las entidades reguladas.
El trasfondo de esta crisis financiera para el sector gremial se remonta a aproximadamente cuatro meses atrás, periodo en el cual las pérdidas económicas han sido calificadas como cuantiosas. Vargas detalló una cadena de eventos que paralizó el flujo comercial en la región. En primer lugar, mencionaron la escasez de gasolina, lo que impidió el traslado de mercaderías hacia los puntos de venta. Posteriormente, el problema se agravó con la aparición de la denominada "gasolina basura", la cual afectó el funcionamiento del transporte. Finalmente, las movilizaciones y bloqueos terminaron por anular el movimiento económico, dejando a muchos comerciantes sin la liquidez necesaria para cubrir sus cuotas bancarias mensuales.
En conclusión, el sector gremial de Tarija se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica, donde la normativa legal existe pero no se aplica de manera uniforme. La exigencia es clara: que el Gobierno garantice la operatividad del decreto para que los afectados puedan refugiarse en los periodos de gracia y el refinanciamiento, permitiendo así que el sector productivo y comercial pueda sobrevivir a la crisis y retomar sus compromisos financieros sin ser castigados en sus historiales crediticios.
