El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha iniciado una estrategia de comunicación para distanciar su gestión y sus actividades políticas del proceso de rescate de la mercantil Tubos Reunidos. Esta reacción surge tras la difusión de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el cual ha sacado a la luz detalles sobre una reunión sostenida entre cúpulas del partido y representantes de la citada empresa.
El documento de la UCO, que se ha hecho público en el marco de la investigación del caso Leire Díez, revela que el pasado 28 de enero de 2025 se produjo un encuentro en el que participaron figuras prominentes del PNV. Según el informe, en dicha reunión estuvieron presentes el exlíder jeltzale Andoni Ortúzar y otro dirigente de la formación, Joseba Aurrekoetxea. Por parte de la empresa Tubos Reunidos, asistieron Carlos López de las Heras y Vicente Fernández. El análisis de la UCO se centra en la operativa vinculada al rescate que fue gestionado y posteriormente concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la compañía vasca.
Ante la repercusión de estas revelaciones, el PNV ha respondido asegurando que el encuentro se encuentra plenamente justificado. Fuentes internas del partido sostienen que la reunión se enmarca estrictamente en el interés de la formación por aquellas empresas que consideran estratégicas para el territorio, subrayando que de estas entidades dependen numerosos puestos de trabajo. En este sentido, el partido ha dejado claro que no puede ser responsabilizado por las actividades que, de forma paralela, pudieran estar llevando a cabo terceras personas.
La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha sido la encargada de dar la cara en nombre de la formación. En declaraciones recogidas en una entrevista con la cadena ETB, Vaquero ha defendido la actuación de su partido, insistiendo en que su objetivo primordial es trabajar por el bienestar de la ciudadanía vasca y la defensa de las empresas de Euskadi. Según la portavoz, la reunión del expresidente del EBB del PNV, Andoni Ortúzar, se sitúa precisamente en ese marco de salvaguardar la industria y los empleos locales.
Vaquero ha hecho hincapié en que el informe de la UCO no contiene ninguna mención a delitos ni a irregularidades, motivo por el cual el partido se siente "muy tranquilo" ante las informaciones difundidas. Asimismo, ha lanzado un desafío directo al Partido Popular, instando a dicha formación a que sea el PP quien explique detalladamente de qué "ilegalidades" se acusa al PNV. La portavoz ha reiterado que existe una diferencia fundamental entre defender la industria vasca y las supuestas acusaciones que el Partido Popular pretende vincular a este caso.
Para reforzar su argumento de que se trata de una praxis habitual de defensa territorial, fuentes del PNV han recordado que no es la primera vez que se interesan por la situación de compañías críticas. Han incidido en que, en el pasado reciente, han mostrado su preocupación por otras empresas de relevancia como Talgo, Astilleros Balenciaga, BSH o CAF. En dichos casos, el PNV ha mantenido reuniones, tanto públicas como privadas, con el Gobierno y con las propias direcciones de las empresas afectadas. Tras exponer estos precedentes, la formación ha aseverado que continuará actuando de la misma manera en el futuro siempre que sea necesario para proteger el tejido industrial.
Finalmente, el PNV ha intentado normalizar estas gestiones señalando que no son los únicos que se preocupan por la viabilidad de estas compañías. Según el partido, existen otras formaciones políticas que también manifiestan interés por la situación de tales empresas, citando explícitamente a EH Bildu, el PSOE, Sumar, Podemos e incluso a Vox. Con este argumento, el PNV busca subrayar que la interlocución con empresas estratégicas es una actividad común entre diversos espectros políticos cuando está en juego la economía regional.
