La Policía Judicial de la Guardia Civil ha llevado a cabo una compleja operación contra el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, que ha resultado en la detención de seis personas hasta el momento. Los arrestos se han distribuido geográficamente entre cuatro personas detenidas en Soria y dos en Madrid. Entre los implicados se encuentra una figura relevante del equipo de gobierno local: la concejala de Comercio, Yolanda Santos.
La operación ha sido coordinada por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, específicamente a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial. Las actuaciones se desarrollan bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria. El objetivo de estas diligencias es investigar la presunta comisión de una serie de delitos graves tipificados en el Código Penal español, entre los que se incluyen el tráfico de influencias, la prevaricación administrativa, las negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, la falsedad documental, el blanqueo de capitales y la existencia de una organización criminal.
En el marco de esta investigación, que ha sido autorizada por el Tribunal de Instancia Plaza número 3, los agentes han ejecutado tres entradas y registros. Uno de estos registros tuvo lugar en las dependencias del propio Ayuntamiento de Soria, mientras que los otros dos se realizaron en domicilios particulares vinculados a la trama. Según han informado las fuentes policiales, el foco principal de las pesquisas se centra en el Área de Comercio. Debido a que las diligencias se encuentran declaradas secretas, la Guardia Civil ha señalado que no es posible facilitar más detalles sobre el contenido de las actuaciones ni sobre la identidad de las demás personas investigadas, aunque han adelantado que podrían producirse más detenciones en las próximas horas.
Uno de los puntos críticos de la investigación recae sobre la situación patrimonial de la concejala Yolanda Santos. Según información obtenida por elDiario.es, Santos poseía el 33% de una empresa dedicada a actividades deportivas denominada Biosfera Soria SL hasta el año 2019. En aquel momento, la concejala se deshizo de sus participaciones al pasar a formar parte del equipo de gobierno como titular de Turismo y Comercio. Esta acción es relevante ya que la normativa vigente prohíbe que los concejales, independientemente de si forman parte del equipo de gobierno o no, mantengan participaciones en empresas superiores al 10%. No obstante, se ha constatado que el Ayuntamiento de Soria contrató servicios con dicha empresa tanto durante la etapa en la que Santos era concejala rasa como cuando ya ostentaba la responsabilidad de la cartera de Turismo.
La respuesta institucional del Ayuntamiento de Soria ha evolucionado a lo largo de la jornada. Inicialmente, la corporación remitió un comunicado indicando que estaba prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y facilitando toda la documentación requerida, subrayando que el secreto judicial limitaba la información disponible. Sin embargo, tras finalizar el registro —que se prolongó durante doce horas— y confirmarse la detención de Yolanda Santos, el Ayuntamiento emitió un segundo comunicado más exhaustivo.
En este nuevo documento, el consistorio informó que valorará la apertura de un expediente informativo interno para recopilar datos y esclarecer los hechos con el máximo rigor y transparencia. Asimismo, el Ayuntamiento estudiará personarse en el caso como parte interesada y, como medida cautelar inmediata, ha acordado la suspensión temporal de las delegaciones de la concejala afectada. La institución ha pedido rigor a los medios de comunicación para evitar especulaciones que pudieran dañar la reputación de las personas y de la entidad, reiterando su compromiso con la legalidad y la ejemplaridad en la gestión pública.
Por su parte, Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León, ha manifestado su "total tranquilidad" ante las investigaciones. Martínez, quien se encontraba en Tánger asistiendo al Foro de Ciudades intermedias, aseguró haber sido informado de la situación por el Ayuntamiento. El dirigente socialista ha reclamado respeto y prudencia ante las noticias que considera confusas, recordando la vigencia del secreto de sumario.
Finalmente, el caso ha sido comparado con situaciones similares en la región, como la de Borja Suárez, presidente de la Diputación y del PP de Burgos. Suárez aceptó el acta de concejal siendo propietario de dos mercantiles, El Granero de San Francisco (20%) y Eventos El Espino (33%), empresas a las que el Ayuntamiento adjudicó contratos a pesar de la incompatibilidad legal. En aquel caso, los contratos fueron declarados nulos tras revelarse la titularidad de las empresas. En Soria, el escenario político actual cuenta con Javier Antón como alcalde, quien asumió el cargo en marzo, momento en el que Carlos Martínez dejó la alcaldía para encabezar el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León.
