Los inmigrantes que se encontraban en huelga de hambre en el centro de detención de Delaney Hall, ubicado en el estado de Nueva Jersey, han puesto fin a su medida de protesta este lunes. Según denuncias emitidas por activistas, la decisión de cesar la huelga no responde a la resolución de sus conflictos, sino al temor generado por las medidas disciplinarias y la intimidación impuestas por los guardias de seguridad del recinto.
El centro de detención de Delaney Hall es administrado por la empresa Geo Group. Tras el fin de la protesta, los detenidos han retomado sus tareas habituales y han vuelto a alimentarse, a pesar de que sus demandas fundamentales no han sido atendidas por la administración. Entre las peticiones principales que motivaron el movimiento se encontraban la solicitud de mejoras significativas en la alimentación y en la atención médica, el cese inmediato de los malos tratos, el acceso garantizado a agua potable y la liberación de personas enfermas y menores de edad.
Este conflicto interno en el centro de detención logró captar la atención a nivel nacional, coincidiendo con un clima de tensión social derivado de las protestas registradas en Mineápolis, donde se manifestaba el rechazo a la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las calles de dicha ciudad.
Sally Pillay, integrante de la organización Eyes on ICE, quien ha mantenido una presencia constante frente al centro de detención para brindar apoyo a las familias de los afectados, brindó declaraciones al diario New Jersey Monitor. Pillay explicó que los detenidos han recurrido a retomar sus trabajos y su alimentación debido a las tácticas de intimidación empleadas y a las severas consecuencias disciplinarias que conlleva el aislamiento, medida que ha sido utilizada contra quienes participaban en la protesta.
De acuerdo con la información proporcionada por la activista, la huelga contó con la participación de más de 300 inmigrantes, tanto hombres como mujeres. No obstante, Pillay señaló que la administración del centro implementó traslados forzosos de algunos de los manifestantes hacia otros centros de detención, en lo que se describe como un intento deliberado de fragmentar y poner fin a la protesta.
La organización Eyes on ICE ha trabajado en la localización de estas personas trasladadas. Los reportes indican que algunos inmigrantes fueron enviados a centros en el estado de Pensilvania, mientras que otros fueron trasladados a ubicaciones mucho más remotas en estados como Luisiana, Texas, California, Arizona y Colorado. La gravedad de estos traslados radica en que, al ser enviados a estados tan distantes, los detenidos pierden el acceso a sus abogados, a sus familiares y a sus redes de apoyo habituales.
En cuanto a la situación de las visitas, Pillay informó que Delaney Hall restableció el acceso a los familiares, el cual había sido suspendido durante la huelga. Sin embargo, este restablecimiento viene acompañado de restricciones estrictas: las visitas se permiten únicamente dos veces por semana en algunas unidades, con una duración máxima de 30 minutos y están limitadas exclusivamente a familiares directos que figuren en una lista previamente aprobada por la empresa Geo Group.
Además, se han denunciado graves obstáculos para que los detenidos se comuniquen con miembros del Congreso que realizan visitas de supervisión. Para poder hablar con los legisladores, los inmigrantes están obligados a firmar un documento de renuncia a su derecho a la privacidad. Este formulario está disponible únicamente en idioma inglés y debe ser presentado antes de la visita del congresista. Pillay aseguró que esta es una táctica diseñada para intimidar y tomar represalias contra aquellos que intentan denunciar las condiciones internas del centro.
Por su parte, Amy Torres, directora ejecutiva de la Alianza de Nueva Jersey por la Justicia para los Inmigrantes, afirmó que las tácticas de represión utilizadas para detener la huelga no son nuevas. Torres destacó un caso particularmente preocupante: la desaparición de un joven de 20 años que había cruzado la frontera hace dos años y que fue trasladado hace dos días, cuyo paradero actual es desconocido.
La activista enfatizó la angustia que genera esta situación, señalando que existen cientos de personas más que han desaparecido tras los traslados, dejando a sus familias en la incertidumbre sobre su bienestar y el lugar donde se encuentran actualmente.
