Brasil ha alcanzado una cifra significativa en materia de seguridad pública durante el año 2025. Según los datos publicados este jueves por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, una organización no gubernamental especializada en la materia, el país registró su menor tasa de muertes violentas intencionales en los últimos 14 años. Este resultado representa el mejor desempeño de la potencia sudamericana desde que se iniciaron las mediciones basadas en datos oficiales en el año 2012.
De acuerdo con el informe anual, el año pasado se contabilizaron un total de 40.775 muertes violentas en una población estimada de 213 millones de personas. Esta cifra se traduce en una tasa de 19,1 muertes por cada 100.000 habitantes. Es importante destacar que la categoría de muertes violentas intencionales es amplia, ya que incluye no solo los asesinatos, sino también aquellas muertes derivadas de intervenciones policiales.
Uno de los puntos más relevantes del informe es que, con estos resultados, Brasil ha logrado anticipar en dos años el cumplimiento de la meta establecida por las autoridades gubernamentales respecto a los homicidios dolosos, objetivo que originalmente estaba fijado para el año 2027. Sin embargo, el análisis del Foro Brasileño de Seguridad Pública advierte que esta noticia positiva debe ser relativizada debido a otros indicadores alarmantes que persisten en el país.
La ONG señala que, paralelamente a la baja en la tasa general, se ha registrado un récord de muertes causadas por el accionar policial desde que se comenzó a medir este dato específico en 2016. El impacto de esta letalidad es considerable, ya que las intervenciones policiales explicaron uno de cada seis casos de muertes violentas el año pasado. Ante este escenario, el Foro lanzó una advertencia contundente, afirmando que estos datos demuestran que el Estado brasileño ha sido parte del problema y no solamente de las soluciones en lo que respecta a la seguridad pública.
Asimismo, la situación de la violencia de género ha mostrado un retroceso. El informe revela que la cantidad de femicidios aumentó en un 4% en comparación con el año previo. Este incremento ha llevado a que el número de femicidios alcance su máximo en términos absolutos desde que se inició su medición sistemática en 2015.
Otro dato crítico resaltado en el documento es la disparidad racial en las víctimas de violencia. El informe detalla que casi el 80% de las personas fallecidas en el marco de muertes violentas fueron personas negras, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de este sector de la población frente a la criminalidad y la letalidad estatal.
Este panorama de seguridad se presenta en un momento de alta tensión política, ya que faltan menos de tres meses para las elecciones generales, donde el presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscará su reelección. La seguridad pública es actualmente una preocupación prioritaria para los ciudadanos brasileños y se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate electoral.
En las urnas de octubre, el mandatario izquierdista Lula se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El candidato de derecha ha hecho de la seguridad una de sus principales banderas de campaña, enfocando su discurso en un contexto donde el crimen organizado ejerce un control territorial efectivo sobre diversos barrios populares que albergan a millones de habitantes.
La divergencia ideológica entre los candidatos también se refleja en el tratamiento internacional de las bandas criminales. Flávio Bolsonaro ha manifestado su apoyo a la decisión tomada por Estados Unidos en junio, cuando clasificó como organizaciones terroristas a los dos grupos criminales más grandes de Brasil: el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital. Por el contrario, el presidente Lula ha rechazado esta medida de clasificación.
