Un tribunal especializado en la tramitación de casos de deportación de alta sensibilidad contra presuntos terroristas extranjeros, que había permanecido inactivo desde su creación en 1996, ha vuelto a la actividad. El Tribunal para la Deportación de Terroristas Extranjeros (ATRC, por sus siglas en inglés), que carecía incluso de un sitio web para el seguimiento de sus procedimientos, ha cobrado vida este mes debido a un caso sin precedentes presentado por el Gobierno de Trump.
Durante tres décadas, un grupo rotativo de jueces asignados a este tribunal estuvo preparado para intervenir, pero ningún gobierno federal previo consideró necesario recurrir a él ni quiso poner a prueba la constitucionalidad de sus controvertidos procedimientos. El ATRC se distingue por otorgar al Gobierno un amplio margen para mantener en secreto las razones por las cuales considera que un inmigrante es un terrorista, ocultando dicha información incluso a la persona que se intenta deportar. Además, este tribunal limita significativamente las vías habituales que poseen los migrantes para impugnar su expulsión del país.
Debido a que la mayor parte de sus actuaciones ocurren en secreto, los detalles sobre el caso histórico presentado este mes por el Departamento de Justicia son escasos. No obstante, se ha hecho pública una orden de la jueza del ATRC que supervisa el proceso, quien indicó que no quedó convencida por los argumentos iniciales del Gobierno y exigió la presentación de información adicional durante esta semana.
La creación de este tribunal se remonta a la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva de 1996. Desde entonces, han persistido dudas sobre si sus procedimientos respetan la Constitución, motivo por el cual administraciones anteriores evitaron su uso. El objetivo de los legisladores al establecer estos procesos confidenciales era proteger secretos de Estado que el Departamento de Justicia considerara riesgosos para la seguridad nacional si se revelaban en un tribunal abierto.
Bajo esta ley, los presuntos "terroristas extranjeros" reciben información muy limitada sobre las pruebas reunidas para justificar su rápida deportación. Esto ha generado acusaciones de que el tribunal vulnera las garantías del debido proceso establecidas en la Quinta Enmienda, la cual protege tanto a ciudadanos como a inmigrantes, independientemente de su estatus legal.
Andrew Arthur, quien supervisó casos de terrorismo en el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización, señaló que el ATRC era el último recurso al que se querría acudir, ya que los procedimientos migratorios convencionales ya ofrecían protecciones suficientes para la información clasificada. Arthur, ahora investigador del Center for Immigration Studies, especuló que el Gobierno de Trump podría estar utilizando el tribunal porque el caso involucra acciones graves que no pueden revelarse públicamente, o bien para establecer el ATRC como un tribunal independiente y más rápido.
El analista jurídico de CNN, Steve Vladeck, comparó el recurso del Gobierno a este tribunal con la película Jurassic Park, afirmando que "los velociraptores están poniendo a prueba las cercas". Vladeck advirtió que, aunque el Gobierno pierda el caso contra una sola persona, el precedente que se crearía en caso de ganar sería significativo.
El marco legal del ATRC exige que los procesos se desarrollen "tan rápidamente como sea posible" y prohíbe la presentación de solicitudes de asilo u otros argumentos comunes en la legislación migratoria ordinaria. El proceso de apelación es igualmente acelerado, debiendo presentarse ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington en un plazo de 20 días, a diferencia de los procesos ordinarios que son mucho más lentos.
A pesar de estas ventajas para el Gobierno, expertos legales sugieren que no es una herramienta viable para deportaciones masivas. Los cinco jueces del ATRC pertenecen al poder judicial del Artículo III de la Constitución, lo que los hace más independientes que los jueces de inmigración del poder ejecutivo. Vladeck sostiene que, dado que el acusado tiene pocos elementos para cuestionar las pruebas, la responsabilidad recae en el juez, quien probablemente sea escéptico ante las pretensiones del Gobierno.
El proceso permite que el Gobierno exponga su caso "in camera" y "ex parte", lo que significa que solo el juez accede a las pruebas completas. Para los residentes permanentes legales, se nombra un abogado especial que puede acceder a la información clasificada, aunque no puede compartir los detalles con su cliente. Quienes tienen vínculos más débiles con Estados Unidos, como inmigrantes sin autorización, pueden recibir resúmenes generales de las pruebas, aunque el Gobierno no está obligado a proporcionarlos en todos los casos.
Finalmente, J. Wells Dixon, abogado del Center for Constitutional Rights, señaló que la ley impide que el presunto terrorista solicite la exclusión de pruebas obtenidas ilegalmente, lo que choca con la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables. El caso actual, presentado en julio, está bajo la supervisión de la jueza Joan Ericksen, quien ha señalado vacíos en los argumentos del Gobierno sobre la relación entre las acciones de la persona y las leyes invocadas.
