Las autoridades judiciales de Estados Unidos y Argentina han intensificado la coordinación de sus expedientes legales dirigidos contra el exmandatario venezolano, Nicolás Maduro, y diversas figuras clave de su administración. Estas investigaciones, que se desarrollan en múltiples jurisdicciones del continente americano, abarcan una gama de cargos que incluyen desde delitos financieros y lavado de activos hasta presuntas violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
En el territorio estadounidense, el núcleo de las acciones legales se concentra inicialmente en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. En esta sede, se encuentra programado el inicio de un juicio para el 1 de junio de 2027, donde el exmandatario deberá responder por cargos relacionados con el narcoterrorismo. No obstante, la estrategia judicial en Estados Unidos se ha diversificado recientemente para fortalecer las posibilidades de condena.
De acuerdo con reportes de BBC Mundo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puso en marcha, durante el mes de mayo, un segundo proceso penal localizado en la ciudad de Miami. Esta nueva causa está centrada específicamente en supuestas irregularidades financieras. Esta investigación vincula directamente a Álex Saab, quien se desempeñó como ministro de Industria antes de ser destituido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y quien actualmente se encuentra bajo custodia.
La apertura de este expediente en Miami responde a una estrategia táctica. CBS News, socio de BBC en Estados Unidos, informó que la fiscalía de dicha ciudad recibió instrucciones precisas para iniciar este proceso debido a la preocupación de que el juicio pendiente en Nueva York pudiera resultar "débil". Para liderar este equipo de investigación, se ha designado al fiscal Michael Berger, quien coordina los esfuerzos junto a agentes del FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la sección criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Sobre la motivación detrás de la multiplicidad de causas en suelo estadounidense, Myriam Fernández Nevado, consultora internacional especializada en derechos humanos y derechos de la infancia, explicó a BBC Mundo que, frente a otros procesos judiciales que podrían prolongarse en el tiempo, Estados Unidos busca asegurar que el exmandatario sea juzgado y cumpla su condena en una cárcel de máxima seguridad dentro de su propio territorio, evitando que sea trasladado a otro lugar.
Simultáneamente, la justicia de Argentina mantiene un expediente activo contra Nicolás Maduro, el cual fue radicado originalmente en el año 2023. Esta causa judicial es el resultado de la reunificación de diversas denuncias impulsadas por dos organizaciones civiles: la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ), liderada por George y Amal Clooney, y el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).
La base legal de este proceso en Argentina es el principio de jurisdicción universal, el cual permite que los tribunales de un país procesen crímenes graves independientemente de dónde se hayan cometido o la nacionalidad de los implicados. Marta Valiñas, jurista internacional y expresidenta de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU hasta enero de 2026, confirmó a BBC Mundo que la causa argentina se sustenta precisamente en las denuncias presentadas por la CFJ y el FADD.
Como parte de las acciones concretas para avanzar en este proceso, la justicia argentina ha solicitado formalmente la extradición del exmandatario. En el mes de marzo, un juez argentino libró un exhorto internacional dirigido a los Estados Unidos de América con el objetivo de solicitar que Nicolás Maduro sea entregado a las autoridades argentinas para enfrentar los cargos imputados en su contra.
En resumen, la situación jurídica de Nicolás Maduro se ha complejizado debido a la coordinación entre agencias de inteligencia y juzgados internacionales. Mientras que en Estados Unidos se despliegan dos frentes —uno por narcoterrorismo en Nueva York y otro por irregularidades financieras en Miami—, Argentina impulsa una causa por violaciones a los derechos humanos bajo la figura de jurisdicción universal, buscando la cooperación de Washington para lograr su extradición.
