Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en El Salvador están registrando un crecimiento acelerado en sus utilidades durante el año 2026. Este incremento financiero ocurre en un momento de creciente incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema previsional del país y el manejo que el Estado salvadoreño está dando a los ahorros de los trabajadores cotizantes.
De acuerdo con un análisis detallado presentado por el economista César Villalona, las AFP han logrado obtener ganancias ascendentes a 19.5 millones de dólares únicamente entre los meses de enero y abril del presente año. El análisis sugiere que, si se mantiene la tendencia actual, las utilidades de estas administradoras podrían cerrar el año 2026 rondando los 60 millones de dólares, una cifra que superaría significativamente los resultados financieros alcanzados en ejercicios anteriores.
Este escenario resulta particularmente relevante cuando se analiza el contexto político y las promesas gubernamentales. Durante su campaña presidencial en 2019, el presidente Nayib Bukele manifestó su intención de impulsar transformaciones profundas en el sistema previsional con el objetivo de desmontar lo que él calificó como un modelo neoliberal. La meta planteada era avanzar hacia la implementación de un sistema público de pensiones. Sin embargo, tras siete años de gestión, las AFP no solo continúan operando, sino que presentan niveles de rentabilidad muy elevados.
El economista Villalona destaca que estas ganancias actuales contrastan con las expectativas de una transformación estructural. Para poner esto en perspectiva, recuerda que la reforma previsional aprobada en 2017 había logrado reducir algunas de las comisiones que las AFP cobraban, lo que derivó en una baja de sus utilidades en los años posteriores. Los datos muestran que las ganancias pasaron de 28.6 millones de dólares en 2016 a aproximadamente 17 millones en el año 2022.
No obstante, a partir de 2023 se inició una nueva etapa de crecimiento financiero para las administradoras. Según el análisis, la legislación impulsada por el gobierno actual incrementó la comisión que las AFP cobran sobre las cotizaciones de los trabajadores. Este cambio normativo impulsó las utilidades a 31 millones de dólares en 2023, subiendo a 36 millones en 2024 y alcanzando los 39.5 millones en 2025. Con ello, las administradoras han recuperado y superado la rentabilidad que poseían antes de la reforma de 2017.
Paralelamente al éxito financiero de las AFP, ha surgido una preocupación creciente sobre el uso de los fondos de ahorro. Villalona señala que, desde el año 2023, el Gobierno ha recurrido intensamente a los recursos de las cuentas de los cotizantes para financiar necesidades fiscales. Se estima que, en este periodo, el Estado ha tomado prestados más de 3,300 millones de dólares adicionales provenientes del sistema de pensiones.
La situación es alarmante para los analistas debido a que la deuda acumulada con los fondos previsionales supera ya los 11,500 millones de dólares. El punto más crítico es que, según el análisis, no se estarían realizando amortizaciones ni pagos de intereses sobre estos recursos captados por el Estado. Aunque la captación de ahorros previsionales mediante instrumentos financieros estatales ha sido una práctica común desde la creación del sistema privado en 1998, expertos y organizaciones sociales advierten sobre los riesgos de una dependencia excesiva de estos fondos para el gasto público.
Sobre la viabilidad futura, Villalona hace referencia a un estudio del Banco Central de Reserva publicado a inicios de este año. Dicho documento advierte que los fondos de los cotizantes podrían enfrentar serias dificultades si persisten las condiciones actuales de endeudamiento estatal. El estudio se basa en análisis actuariales, que son herramientas diseñadas para proyectar la capacidad financiera de los sistemas de pensiones a largo plazo, considerando variables como el crecimiento económico, la esperanza de vida, la cantidad de cotizantes y las obligaciones de pago futuras.
Finalmente, el análisis pone el foco en los compromisos internacionales. El Gobierno salvadoreño, en el marco de un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se había comprometido a presentar una propuesta de reforma al sistema de pensiones en febrero de 2026. Sin embargo, hasta mediados de junio no se han hecho públicos los detalles de ninguna iniciativa de reforma integral.
Esta ausencia de propuestas concretas mantiene la incertidumbre sobre temas urgentes como la suficiencia de las pensiones, la cobertura para trabajadores informales y la sostenibilidad financiera general, mientras las AFP proyectan uno de los años más rentables de su historia.
