La Justicia de la provincia de Buenos Aires ha dispuesto el freno al avance del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una de las medidas clave impulsadas por la administración del presidente Javier Milei para transferir la gestión de empresas públicas al sector privado. La resolución judicial interrumpe los planes del Ejecutivo nacional de desprenderse del control de la compañía encargada del suministro de agua potable y cloacas.
La decisión fue tomada por el magistrado Mariano López, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata. El juez hizo lugar a una medida cautelar que había sido presentada previamente por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. En los fundamentos de su fallo, López señaló que existen elementos suficientes para analizar el posible impacto negativo que la privatización podría generar sobre derechos fundamentales, específicamente aquellos vinculados al acceso al agua potable y la protección del medio ambiente.
Además de suspender la marcha del proceso de privatización, el fallo judicial es explícito al ordenar que AySA mantenga, sin modificación alguna, todas sus obligaciones actuales. Esto incluye la prestación del servicio, las inversiones programadas y el desarrollo de infraestructura en los 26 municipios bonaerenses donde la empresa brinda sus servicios. El objetivo de esta orden es garantizar que la calidad y la cobertura del servicio no se vean comprometidas mientras se resuelve la controversia legal.
La acción judicial fue impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, organismo encabezado por Guido Lorenzino. Desde esta entidad se advirtieron diversas consecuencias derivatives del nuevo esquema de concesión diseñado por el Gobierno nacional. Según el organismo, el proceso de privatización no contempla de manera suficiente aspectos críticos como la expansión de las redes de agua y saneamiento, el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura existente, las obras de saneamiento y la remediación ambiental.
La presentación de la Defensoría sostuvo que el servicio de agua es considerado esencial, por lo que cualquier cambio en su gestión debe asegurar la continuidad y eficiencia. En este sentido, se alertó sobre el riesgo de que se reduzcan las exigencias regulatorias y que se posterguen inversiones estratégicas, las cuales son fundamentales para garantizar el acceso universal al recurso hídrico y el saneamiento adecuado de las poblaciones.
En su resolución, el juez López coincidió en que el esquema impulsado por el Gobierno para AySA no refuerza las garantías de acceso universal ni incorpora mecanismos más robustos de prevención o recomposición ambiental. Asimismo, el magistrado advirtió que, tras una evaluación preliminar, el proceso de privatización podría derivar en una flexibilización de los controles estatales y en la demora de obras calificadas como críticas para la prestación del servicio. Por estas razones, decidió otorgar una cautelar de "no innovar", evitando cambios estructurales que puedan perjudicar a los usuarios hasta que se analice el fondo de la cuestión.
Este fallo representa un obstáculo significativo para el plan oficial del Ejecutivo. El diseño propuesto por el Gobierno contempla la venta de al menos el 51% de las acciones de AySA a un operador estratégico, mientras que el porcentaje restante del paquete accionario sería colocado en el mercado. Bajo este modelo, la empresa que resultara adjudicataria quedaría a cargo de la prestación del servicio mediante un contrato de concesión por un periodo de 30 años, con una cláusula que permitiría extender el contrato por una década adicional.
La medida cautelar llega en un momento en que el Ministerio de Economía ya había avanzado con el llamado a licitación para concretar la venta de la participación estatal. La decisión judicial reabre el debate sobre la gestión privada del agua, remitiendo la discusión a la experiencia de la década de 1990.
AySA tiene sus raíces en Obras Sanitarias de la Nación, creada en 1912. Durante la presidencia de Carlos Menem, el servicio fue concesionado a la firma Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez. Sin embargo, en 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner, el Estado recuperó el control de la compañía debido a diversos cuestionamientos sobre el incumplimiento de las inversiones y la falta de expansión de la red. Diversos estudios académicos han señalado que aquel periodo de privatización estuvo marcado por incrementos tarifarios significativos y controversias sobre la calidad del servicio.
Mientras el conflicto judicial continúa, la cautelar obliga a que AySA mantenga intactos sus niveles de operación y obras, quedando suspendido el proceso de transferencia al sector privado hasta que se determine la legalidad y el impacto real de la medida gubernamental.
