El Ministerio Público ha formalizado un nuevo requerimiento ante el Poder Judicial (PJ) con el objetivo de que se apruebe el archivo del presunto delito de cohecho pasivo propio atribuido a Vladimir Cerrón, fundador de la agrupación política Perú Libre y actual prófugo de la justicia. Este pedido se enmarca dentro de las investigaciones penales desarrolladas en el denominado caso “Antalsis”.
La solicitud de sobreseimiento fue presentada específicamente por el Segundo Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ente encargado de intervenir en el proceso penal que sigue el exgobernador de Junín. El pedido busca que se deje sin efecto la imputación por cohecho pasivo propio, un delito que implica la recepción de beneficios o promesas a cambio de realizar u omitir actos propios del cargo público.
Ante el requerimiento presentado por la fiscalía, el juez a cargo del proceso, Leodan Cristóbal Ayala, ha tomado medidas procesales inmediatas. El magistrado ha ordenado la notificación formal a todas las partes procesales involucradas en el caso. Esta acción tiene como finalidad que los sujetos procesales cuenten con un plazo determinado de 10 días hábiles para presentar los argumentos, descargos o fundamentos legales que consideren necesarios respecto a la solicitud de archivo.
Según se detalla en una resolución emitida el pasado 10 de julio, a la cual tuvo acceso el medio de comunicación RPP, el juez Cristóbal Ayala ha establecido una hoja de ruta clara para la resolución de este pedido. Una vez que haya vencido el plazo de diez días para la presentación de argumentos, el juzgado procederá a citar tanto al Ministerio Público como a los demás sujetos procesales a una audiencia preliminar. El magistrado ha enfatizado que dicha audiencia tendrá el carácter de inaplazable, y será en dicho espacio donde se debatirán los fundamentos técnicos y legales del pedido de sobreseimiento antes de que se emita la decisión final.
Este nuevo pedido de archivo no es el primero que se produce en el marco del caso “Antalsis”. Es fundamental recordar que, el pasado 10 de abril, el juez Cristóbal Ayala ya había dictado el archivo del delito de colusión agravada que la Fiscalía atribuía a Vladimir Cerrón. En aquella oportunidad, el magistrado decidió declarar fundado el requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción, la cual había solicitado el sobreseimiento basándose en la causal de “sospecha insuficiente”, determinando que los elementos probatorios no eran bastantes para sostener dicha imputación.
No obstante, a pesar de los pedidos de archivo en los delitos de colusión y ahora el de cohecho pasivo propio, la situación legal de Vladimir Cerrón no ha quedado totalmente despejada en este proceso. El fundador de Perú Libre aún mantiene una imputación vigente por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir agravada. Este cargo, también atribuido por la Fiscalía dentro del mismo caso “Antalsis”, sigue su curso procesal y no ha sido objeto de los pedidos de sobreseimiento mencionados anteriormente.
Para contextualizar la magnitud de las investigaciones, el caso Antalsis se centra en una presunta red de corrupción vinculada a la ejecución de obras públicas en la región Junín durante el periodo en que Vladimir Cerrón se desempeñó como gobernador regional. Específicamente, las indagaciones giran en torno a la construcción de los puentes denominados “Comuneros” y “Eternidad”.
De acuerdo con las tesis sostenidas por el Ministerio Público, en la ejecución de estas obras se habría evadido la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado. La Fiscalía sostiene que estas irregularidades administrativas y legales no solo habrían favorecido a terceros, sino que habrían causado un perjuicio económico significativo al erario público, estimándose que el daño al Estado superaría la suma de 26 millones de soles.
El proceso continúa ahora a la espera de que se cumplan los plazos de notificación y se realice la audiencia preliminar donde se definirá el futuro de la imputación por cohecho pasivo propio contra el procesado prófugo.
