El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, ha manifestado una dura crítica hacia la denominada megarreforma impulsada por el actual Gobierno, asegurando que los principales beneficios de esta iniciativa están orientados hacia los sectores de mayores ingresos. En una entrevista concedida al espacio Nuevo Mundo, el dirigente político no solo cuestionó la naturaleza del proyecto, sino que confirmó que las fuerzas de oposición se encuentran coordinando una presentación formal ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de impugnar diversos aspectos de la propuesta legislativa.
Durante su intervención, Carmona sostuvo que el proyecto conlleva una reducción significativa de los ingresos fiscales, lo que, a su juicio, terminaría impactando negativamente en los trabajadores y en los sectores medios de la población. El timonel comunista fue enfático al señalar que las medidas adoptadas en la reforma han sido diseñadas en beneficio del "gran capital", subrayando que el costo de estas decisiones recaerá sobre los estratos sociales menos favorecidos.
Uno de los puntos centrales de la controversia es la rebaja de impuestos contemplada en el debate. Carmona cuestionó la premisa de que una mayor rentabilidad para las empresas se traduzca necesariamente en un incremento de la inversión. Al respecto, el dirigente afirmó que no existe evidencia en ninguna parte del mundo que demuestre que este mecanismo funcione de la manera planteada por el Ejecutivo. Además, advirtió sobre la disparidad de tiempos en la gestión fiscal, señalando que la velocidad con la que se reduce el ingreso al fisco mediante la disminución de impuestos es mucho más rápida que cualquier vía alternativa para equiparar dichos fondos a través de otros ingresos que no sean tributarios.
En cuanto a la estrategia política y jurídica, el presidente del PC explicó que, a pesar de los matices y diferencias que existen entre las diversas fuerzas opositoras, se ha logrado consolidar una posición común para rechazar la legislación. Por esta razón, los partidos se encuentran preparando una estrategia jurídica coordinada para frenar el avance del proyecto. Carmona reveló que existe un acuerdo entre las colectividades de oposición y que se llevará a cabo una reunión próximamente para afinar el texto legal que será redactado por destacados juristas. En el caso particular del Partido Comunista, el representante designado para liderar este proceso será Jaime Gajardo Falcón.
El objetivo primordial de esta acción judicial será cuestionar la constitucionalidad de ciertos puntos del proyecto, los cuales, según la perspectiva de Carmona, desafían la normativa jurídica vigente sin ninguna duda. El líder comunista insistió en que la reforma tendrá consecuencias negativas para el desarrollo del país y calificó la iniciativa como un "mal proyecto" que perjudica el futuro de Chile.
Ante este escenario, Carmona planteó que, una vez superado el debate legislativo, será imperativo trasladar la discusión hacia los sectores específicos que se vean afectados por eventuales recortes o cambios en el presupuesto estatal. Propuso que se realice un análisis detallado, "sector a sector", para visibilizar los efectos reales de la iniciativa, especialmente en lo que respecta a las finanzas públicas, el presupuesto del Estado y la implementación de políticas sociales.
Asimismo, el dirigente llamó al mundo progresista y a los sectores de izquierda a organizar una respuesta programática frente a la agenda gubernamental, elevando la discusión a una disputa política, económica y social de mayor alcance. Para Carmona, la megarreforma es un reflejo de una orientación económica que busca reforzar el rol del sector privado y profundizar el esquema de un Estado subsidiario.
Finalmente, el presidente del Partido Comunista señaló directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y al Presidente José Antonio Kast como los responsables políticos de una agenda que, a su juicio, retoma elementos del modelo neoliberal instaurado durante la dictadura. Carmona afirmó que el gobierno de Kast pretende retornar a ese origen, fortaleciendo la visión del Estado subsidiario. Esta postura, según el dirigente, abre la puerta a una mayor participación privada en áreas estratégicas que hasta ahora permanecían bajo la responsabilidad del Estado, mencionando específicamente los debates sobre el cobre, el litio y la situación de empresas estatales como la ENAP y la ENAMI.
