En una declaración calificada como inusualmente franca para las autoridades provinciales cubanas, el Gobierno Provincial de Granma ha reconocido públicamente que no dispone del efectivo necesario para cumplir con el pago de las chequeras de sus pensionados correspondientes al mes de junio de 2026. Según la información difundida por la Comisión Provincial de Atención a la Seguridad Social a través de un programa especial de la CNTV Granma, el monto requerido para cubrir las pensiones de los más de 111.000 jubilados de la provincia supera los 400 millones de pesos, cifra que la administración provincial admite no haber podido reunir.
Ante la carencia de fondos suficientes, las autoridades han anunciado que el proceso de pago no se realizará de manera simultánea, sino que se llevará a cabo de forma escalonada. Esta modalidad de cobro estará estrictamente condicionada a los ingresos diarios de efectivo que reciba cada sucursal bancaria. Para organizar este flujo, el Banco Popular de Ahorro ha sido el encargado de estructurar el cobro por grupos, utilizando la edad de los pensionados como criterio de organización para el acceso al dinero.
La situación se ha vuelto particularmente crítica para aquellos jubilados que dependen de las oficinas de correos para recibir sus haberes. Aunque el calendario estipulaba que los pagos debían comenzar este miércoles, el propio gobierno provincial admitió que el dinero aún no ha llegado a la mayoría de los municipios de Granma, dejando a miles de personas en una situación de incertidumbre financiera.
Para justificar este déficit de efectivo, las autoridades provinciales han señalado a los negocios privados como uno de los factores principales. Según el documento oficial, la mayoría de estos establecimientos no están cumpliendo con los contratos de depósitos firmados con las entidades bancarias. Asimismo, se ha denunciado un rechazo generalizado al uso de pagos electrónicos, una tendencia que provoca que el efectivo permanezca acumulado fuera del sistema financiero formal, dificultando la operatividad de los bancos para realizar los pagos sociales.
En respuesta a esta crisis, el gobierno provincial ha implementado una serie de medidas desde el pasado mes de abril. Entre estas acciones destaca el monitoreo diario de las entradas de efectivo en cada sucursal y la centralización de las autorizaciones para cualquier extracción que supere los 5.000 pesos. Además, se ha procedido a la identificación de los jubilados que se encuentran en situación de vulnerabilidad para otorgarles prioridad en el cobro y se ha ordenado el cierre de aquellos negocios que no depositen sus recaudaciones en los bancos.
Como medida de control y gestión de crisis, el Consejo de Defensa Provincial ha ordenado la presencia permanente de un funcionario gubernamental en cada oficina bancaria y de correos. La función de estos agentes es brindar explicaciones directas a los jubilados que acudan a cobrar y gestionar la tensión social derivada de la falta de fondos.
Este escenario en Granma refleja una problemática extendida a todo el territorio nacional. En diversas provincias de Cuba, los ancianos deben enfrentar colas extensas para cobrar sus pensiones, una situación agravada por el mal estado de los cajeros automáticos y la reducción de los horarios de atención en los bancos debido a los constantes apagones. Esta inestabilidad se ha manifestado recientemente en La Habana, donde se reportó el asalto a una entidad bancaria durante un corte eléctrico, ocurriendo pocas horas antes del inicio del periodo de pagos.
La fragilidad económica se hace evidente al analizar el valor real de las pensiones. Desde septiembre de 2025, la pensión mínima fue fijada en 4.000 pesos cubanos. Sin embargo, debido a la inflación y al incremento del valor del dólar en el mercado informal, este monto representa menos de 10 dólares estadounidenses. Esta cifra contrasta drásticamente con el costo de la canasta básica mensual por persona, que se estima en torno a los 12.000 pesos.
Finalmente, ante el colapso del sistema bancario tradicional, se han puesto en marcha planes piloto que buscan diversificar los puntos de pago. Estas medidas incluyen la posibilidad de cobrar pensiones en centros comerciales y a través de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el objetivo de descongestionar las sucursales. A pesar de estas iniciativas, su alcance sigue siendo limitado frente a la magnitud de la crisis. El gobierno de Granma cerró su comunicado con la promesa de que, aunque el cobro no sea inmediato para todos, eventualmente todos los jubilados recibirán su dinero.
