La gestión de Javier Milei parece haber adoptado una metodología recurrente en su manejo del poder: el denominado "game of chicken" o juego del gallina. Esta estrategia consiste en responder a los desafíos de la oposición y de la ciudadanía acelerando al máximo, manteniendo el rumbo con rigidez para forzar a que sea el otro quien se desvíe primero para evitar la colisión. Esta dinámica, que ha marcado el ritmo del Gobierno desde su inicio, ha mostrado recientemente dos aplicaciones distintas: una donde el oficialismo decidió frenar y otra donde continúa acelerando a pesar de las evidencias.
El primer caso es el de Manuel Adorni, cuya situación patrimonial ha vuelto a colocarlo en el centro de la polémica. El funcionario intentó cerrar las sospechas sobre sus movimientos económicos, pero sus recientes correcciones en las declaraciones juradas y sus respuestas públicas han generado más contradicciones. El punto más crítico ocurrió el pasado miércoles en LN+, donde Adorni admitió hechos que contradicen directamente lo sostenido el 29 de abril durante su presentación ante la Cámara de Diputados. En aquella oportunidad, afirmó que "nunca existió ocultación alguna"; sin embargo, días atrás, el propio Adorni reconoció la existencia de dicha ocultación.
A pesar de esta prueba incuestionable, el presidente Javier Milei ha ratificado su apoyo al jefe de Gabinete. Desde una perspectiva institucional clásica, mentir en un informe de gestión obligatorio por mandato constitucional sería motivo suficiente para una renuncia, sin necesidad de esperar un veredicto judicial por el supuesto enriquecimiento ilícito que aún se investiga. No obstante, en la lógica actual del Gobierno, la institucionalidad parece reescribirse.
Si bien es cierto que el cumplimiento de las presentaciones ante el Congreso por parte de los jefes de Gabinete ha sido históricamente bajo desde 1994 —con figuras como Jorge Capitanich, Marcos Peña, Eduardo Bauzá, Jorge Rodríguez y el propio Guillermo Francos registrando niveles de cumplimiento deficientes—, la anomalía de Adorni es triple. Primero, omitió asistir al Congreso en al menos dos ocasiones desde noviembre. Segundo, su única visita fue utilizada también para responder por su situación personal. Y tercero, incurrió en una mentira explícita sobre sus declaraciones.
Durante su entrevista con José Del Río, Adorni desplegó una batería de argumentos para justificar su situación. Aludió al agotamiento y la presión de los primeros meses de gestión, evitó responder preguntas puntuales mediante la falacia del hombre de paja para victimizarse y justificó su declaración jurada de 2023 por su falta de experiencia al ingresar a la función pública. Asimismo, reconoció hechos tipificables como evasión y omisión maliciosa para intentar esquivar la acusación de enriquecimiento ilícito, utilizó la seguridad de sus hijos como excusa para sus mudanzas y propiedades, y justificó el ahorro no registrado bajo la premisa ideológica de que era la única forma de "escaparse de la vieja política", extendiendo esta lógica a toda la ciudadanía al afirmar que "todos los argentinos" ahorramos en negro. Incluso buscó blindar su posición mencionando su cercanía con Patricia Bullrich.
En contraste con la intransigencia en el caso Adorni, el Gobierno mostró un giro en el conflicto con las universidades públicas. Tras meses de una postura rígida que incluyó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, la emisión del DNU 759/2025 para suspender su aplicación, la recusación de jueces y el intento de recusar a los miembros de la Corte Suprema por ser docentes, el oficialismo finalmente cedió.
El miércoles pasado, el Gobierno alcanzó un entendimiento con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y gremios nacionales, acordando una actualización salarial del 24,33%. Esta cifra es significativamente menor al 50% que determinaba la ley para recuperar la pérdida salarial desde noviembre de 2023. Este movimiento es interpretado como la primera derrota de 2026 en la gobernabilidad vía "game of chicken", ya que el ministro Luis Caputo tuvo que asignar nuevas partidas, desmintiendo la premisa fiscal de que no se podía aumentar el gasto sin señalar la fuente de financiamiento. Además, las universidades mantienen vigente el reclamo de cumplimiento de la ley ante la Corte Suprema.
La diferencia de criterio entre ambos casos sugiere un pragmatismo selectivo. En el ámbito universitario, fuentes de la UBA vinculan el freno del Gobierno a negociaciones posibles con la Corte Suprema, mencionando que el nombramiento de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Horacio Rosatti, podría no ser ajeno a estas conversaciones. El acuerdo salarial reduciría la presión social sobre la Corte y evitaría un fallo adverso que obligaría a un gasto mucho mayor.
En el caso de Adorni, la decisión de mantener el acelerador responde a una psicología política de "desprendimiento mesiánico". Milei parece apostar a que la mejora de los indicadores macroeconómicos y la baja de la inflación reduzcan la percepción social negativa sobre su funcionario. De este modo, el Gobierno pone a prueba los límites de su apoyo popular, apostando a que el éxito económico eclipse las contradicciones éticas y legales de su equipo cercano.
