El Juzgado de Garantía de Coyhaique ha puesto término definitivo a la situación judicial del concejal Sebastián Vera, militante de Renovación Nacional (RN), al decretar el sobreseimiento definitivo de la causa en la que se encontraba involucrado. Esta resolución judicial pone fin a un proceso que había generado diversas controversias en el ámbito local y regional, devolviendo la tranquilidad jurídica al edil coyhaiquino.
La decisión del magistrado Mario Devaud no fue azarosa, sino que se fundamentó estrictamente en la solicitud presentada por la propia Fiscalía. El Ministerio Público, tras haber llevado a cabo una investigación exhaustiva derivada de una denuncia efectuada inicialmente por la Contraloría Regional de Aysén, determinó que los hechos analizados en el proceso no poseen la entidad suficiente para ser considerados delitos. En términos legales, la Fiscalía concluyó que las acciones del concejal "no son constitutivos de un delito", lo que motivó la petición de cierre definitivo de la causa.
Para comprender el origen del conflicto, es necesario analizar los detalles revelados en la solicitud del Ministerio Público. En el documento se especificó que el concejal Sebastián Vera organizaba y realizaba una modalidad de "remate" de diversos productos a través de transmisiones de streaming en redes sociales. Entre los artículos que se subastaban en estas instancias, se encontraban en ocasiones bebidas alcohólicas, punto que fue el eje central de las primeras cuestionamientos.
Sin embargo, la investigación fiscal logró acreditar puntos fundamentales que desvirtuaron cualquier sospecha de ilícito penal. Se determinó que el señor Vera no era quien proveía los productos destinados a los remates y, lo que es más relevante, no obtenía lucro personal alguno a través de estas ventas. El dinero reunido en cada una de estas jornadas de streaming no ingresaba al patrimonio del concejal, sino que era destinado íntegramente como ayuda para personas que se encontraban en situaciones de necesidad.
A pesar de que no se encontraron delitos, la Fiscalía Local de Coyhaique dejó una observación técnica respecto a la normativa vigente. El organismo indicó que estos hechos, en el peor de los casos, podrían haber constituido una falta administrativa debido al expendio de bebidas alcohólicas sin la patente correspondiente. Este punto se ampara en el artículo 44 de la Ley de Alcoholes 19.925. No obstante, el Ministerio Público aclaró que la competencia para resolver este tipo de faltas administrativas corresponde al Juzgado de Policía Local y no a los tribunales penales, razón por la cual el proceso en el Juzgado de Garantía no podía prosperar.
Tras conocerse la resolución del juez Mario Devaud, el concejal Sebastián Vera expresó su valoración sobre el sobreseimiento. El edil manifestó sentirse víctima de una acusación injusta y señaló que el proceso fue utilizado para fines ajenos a la justicia, afirmando que "hubo aprovechamiento político" durante el tiempo que duró la investigación. Vera lamentó haber recibido críticas que calificó como "injustas y apresuradas", destacando que incluso estas reacciones provinieron de personas pertenecientes a su propio sector político.
El concejal enfatizó que, desde el momento en que fue citado a declarar por la Policía de Investigaciones (PDI), mantuvo una actitud de total transparencia, entregando todos los antecedentes necesarios para que la causa pudiera aclararse a la brevedad. Respecto a la naturaleza de sus actividades, Vera fue enfático al asegurar que los remates solidarios jamás fueron una herramienta de aprovechamiento político ni un medio para lucrar personalmente con el dinero de los donantes.
En sus declaraciones, el edil detalló que los fondos recaudados fueron destinados a apoyar a diversos sectores de la comunidad, mencionando específicamente casos médicos que requerían ayuda urgente, deportistas locales e incluso personas dedicadas al baile de la cueca. Según Vera, lo único que quedó acreditado en el proceso es que él simplemente facilitó el uso de sus redes sociales para visibilizar y apoyar a estas personas.
Es importante recordar que el origen de este proceso judicial se remonta a una denuncia realizada por la Contraloría Regional, la cual se basó a su vez en una denuncia anónima. Esta situación había sido comentada previamente en medios de comunicación de alcance nacional por el alcalde Carlos Gatica y el concejal Ricardo Cantón. En aquel entonces, el edil coyhaiquino había cuestionado que en las subastas se entregara alcohol fuera de la normativa legal de expendio, punto que, si bien fue refrendado por la Fiscalía en sus antecedentes como una posible falta administrativa, no fue suficiente para sostener una acusación penal.
Finalmente, el concejal Sebastián Vera cerró sus reflexiones reafirmando la limpieza de su actuar, asegurando contundentemente que "aquí no se robó ni un peso", afirmación que, según sus palabras, ha quedado confirmada hoy por la decisión del Tribunal de Garantía.
