La Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) atraviesa un escenario económico crítico que ha impactado directamente en la estabilidad de su fuerza laboral. Profesores y personal administrativo de la institución han denunciado la falta de pago de sus salarios quincenales, una situación que ha generado un clima de incertidumbre y malestar generalizado entre quienes integran la casa de estudios superiores.
La problemática financiera de la Unachi no es un hecho aislado, sino que ha sido objeto de cuestionamientos recurrentes en los últimos años, particularmente durante la gestión de la exrectora Etelvina Medianero de Bonagas. Actualmente, la institución enfrenta una carga operativa considerable, con un gasto mensual aproximado de 6 millones de dólares destinado al pago de una planilla de cerca de 2 mil funcionarios, distribuidos entre el personal docente y administrativo. Este volumen de gasto ha puesto bajo el microscopio la sostenibilidad financiera a largo plazo de la entidad.
De acuerdo con la información disponible, el presupuesto asignado a la universidad para el presente año, estimado en 80 millones de dólares, ya se habría agotado en su totalidad. Como consecuencia, la institución se encuentra ahora en una situación de dependencia absoluta de los desembolsos provenientes del Tesoro Nacional para poder cubrir sus obligaciones básicas.
Ante esta crisis, el contralor Anel Flores aclaró recientemente que la suspensión de los pagos no es el resultado de una decisión administrativa de la Contraloría General de la República, sino una consecuencia directa de la inexistencia de fondos disponibles en las cuentas bancarias de la universidad. Flores fue enfático al señalar que este colapso financiero es el resultado de un manejo administrativo deficiente acumulado a lo largo de los últimos años, afirmando categóricamente que la Unachi no cuenta con el dinero necesario para cubrir su planilla, un problema que, según el funcionario, es de conocimiento público.
Uno de los puntos más polémicos en el análisis de la crisis es la estructura salarial de la institución. Se ha revelado una marcada concentración de remuneraciones elevadas: aproximadamente 500 funcionarios perciben salarios mensuales superiores a los 5 mil dólares, y de este grupo, cerca de 250 personas reciben remuneraciones que oscilan entre los 7 mil y los 10 mil dólares mensuales. Este esquema ha sido duramente criticado por su impacto en el presupuesto global. Al respecto, el ministro de Economía, Felipe Chapman, ha sugerido públicamente la necesidad de que la universidad reestructure su esquema salarial para optimizar el rendimiento de los recursos presupuestarios.
A pesar de la precariedad financiera, se ha denunciado que las autoridades universitarias realizaron nuevos nombramientos de personal administrativo el año pasado, lo que ha intensificado el debate sobre la gestión de los recursos. Esta situación fue expuesta el pasado viernes 12 de junio por Justin Williams, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Derecho y miembro de la Junta de Facultad, durante una reunión con el rector interino Pedro González y otras autoridades. Williams cuestionó decisiones administrativas sobre contrataciones y solicitó explicaciones sobre presuntos nombramientos de más de 100 administrativos previstos para 2025, así como los aumentos en la planilla realizados en años recientes.
Paralelamente, el Ministerio de Educación ha advertido a la Unachi sobre presuntas irregularidades en la designación de permanencias para docentes y administrativos, alegando que no se habrían cumplido los procedimientos establecidos en la normativa vigente, lo que coloca dichas designaciones en un estado de incertidumbre jurídica.
En el ámbito docente, existe un vacío normativo significativo. Aunque el artículo 47 de la Ley 4 de 2006 ordena la creación de un Reglamento de Carrera de Docencia e Investigación, este no ha sido implementado en casi dos décadas. Esto ha provocado que los procesos de permanencia, ascensos de categoría y cambios de dedicación salarial se hayan manejado mediante criterios discrecionales y acuerdos internos impulsados por la exrectora, sin un marco reglado basado en el mérito o la evaluación científica.
Esta falta de transparencia y legalidad tiene repercusiones graves en la calidad académica. El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa) exige que la selección docente se realice mediante concursos públicos y normas claras. Al carecer del reglamento correspondiente, la Unachi presenta observaciones negativas en sus indicadores de gestión de recursos humanos, lo que podría comprometer su acreditación institucional. Finalmente, se ha señalado que las permanencias del personal administrativo tampoco habrían sido validadas por la Dirección General de Carrera Administrativa.
