La paritaria estatal en la provincia de Entre Ríos ha culminado una nueva instancia de negociación sin alcanzar un acuerdo entre el Gobierno provincial y los representantes de los trabajadores de la administración pública. La propuesta económica presentada por el Ejecutivo, que consistía en un incremento salarial total del 7% distribuido en dos tramos, fue rechazada tajantemente tanto por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El ofrecimiento oficial detallaba un aumento del 3% para los haberes correspondientes al mes de julio y un 4% adicional para el mes de septiembre. En ambos casos, el Gobierno estableció que la base de cálculo para estos incrementos sería el salario del mes inmediatamente anterior. A pesar del rechazo unánime de los gremios, el Ejecutivo provincial confirmó que procederá a liquidar el aumento correspondiente a julio mediante un decreto.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos, su secretario general, Oscar Muntes, describió el clima de la negociación como "muy tenso". Según el dirigente, la oferta gubernamental se encuentra "muy lejos de la realidad" que enfrentan los empleados públicos, especialmente cuando se analiza en relación con los índices de inflación actuales. Muntes fue crítico respecto a los resultados de la mesa paritaria, señalando que no es posible extraer conclusiones positivas para los trabajadores y trabajadoras del Estado, ya que la propuesta es "realmente muy corta" y resultaría imposible de aceptar en las condiciones presentadas.
Uno de los puntos centrales del reclamo de ATE es la falta de un plan de recuperación salarial. El dirigente remarcó que el incremento propuesto representa apenas un punto porcentual más que la oferta precedente. Muntes advirtió que, desde diciembre de 2023, la pérdida del poder adquisitivo de los agentes estatales supera el 41%, una cifra que no ha sido contemplada en ninguna parte de la propuesta oficial. Esta situación ha llevado a que muchos trabajadores deban recurrir a la toma de créditos financieros para poder cubrir gastos básicos, como las compras en el supermercado, reflejando una crisis económica profunda en el sector.
Ante este escenario, ATE ratificó la realización de un paro total de actividades y una movilización programada para este miércoles. Esta medida de fuerza tiene un doble objetivo: manifestar el rechazo a la oferta salarial y protestar contra el proyecto de reforma jubilatoria. Asimismo, Muntes denunció una contradicción en la gestión provincial, asegurando que el gobernador Frigerio acompaña las políticas de ajuste implementadas por el gobierno nacional de Javier Milei, lo que se traduce en una "derrota salarial" para los trabajadores entrerrianos.
Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), a través de su secretaria adjunta, Carina Domínguez, también manifestó su rechazo a la propuesta. Si bien la dirigente se retiró de la mesa paritaria, aclaró que el sindicato mantiene la voluntad de continuar con el diálogo para evitar la interrupción de las negociaciones. Para Domínguez, el ofrecimiento fue simplemente una modificación menor de la propuesta anterior y no estuvo "a la altura de las circunstancias".
La representante de UPCN subrayó que el incremento propuesto no superaría los 40.000 pesos en la mayoría de los salarios, cuestionando además la falta de fundamentos técnicos por parte del Ejecutivo. La dirigente señaló que el Gobierno no presentó alternativas ni informó cuál es la masa salarial comprometida para justificar la imposibilidad de mejorar la oferta.
Además del salario, UPCN reclamó que se incorporen a la discusión temas pendientes y críticos, tales como el piso salarial, las asignaciones familiares y la situación particular de sectores vulnerables como el de enfermería. Otro punto de conflicto denunciado por Domínguez fue la detección de errores en la liquidación del medio aguinaldo, donde algunos trabajadores habrían cobrado hasta 70.000 pesos menos debido a que no se incorporó la suma fija en el cálculo del beneficio.
Ante la falta de avances, UPCN anticipó que definirá en el transcurso de esta semana la fecha de un paro activo, con el fin de visibilizar ante la sociedad las condiciones laborales y salariales que atraviesan los empleados públicos.
Mientras que ATE insiste en la urgencia de un plan de recuperación salarial integral, UPCN mantiene la expectativa de que el Gobierno replantee la propuesta económica y las condiciones laborales. Por su parte, el Ejecutivo provincial mantiene su decisión de aplicar el aumento de julio por decreto y prevé retomar las negociaciones durante el mes de agosto.
