El superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinoza, ha adelantado que el mercado de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el Perú experimentará una apertura competitiva durante el próximo año. Según el funcionario, el marco legal vigente ya faculta a las entidades financieras para participar en la prestación de servicios de administración de fondos de pensiones, lo que ha despertado el interés de al menos tres grupos económicos locales que buscan ingresar al sector a través de sus brazos bancarios o empresas de seguros.
Espinoza señaló que estos potenciales nuevos actores han estado aguardando la definición de ciertos factores clave antes de concretar su entrada, específicamente la claridad en el panorama electoral y la resolución sobre la posible aprobación de un noveno retiro de fondos que ha sido discutido en el Congreso. El superintendente prevé que el año entrante no solo se sumen nuevos jugadores al mercado, sino que algunos de los operadores actuales se reconfiguren dentro de sus propios grupos económicos para gestionar el servicio directamente a través de una de sus empresas. En este contexto, sugirió que la absorción de una AFP por parte de un banco sería un movimiento lógico debido a las sinergias y la eficiencia operativa que esto representaría.
Paralelamente, el titular de la SBS destacó el desarrollo del programa de finanzas abiertas, una iniciativa que aspira a transformar el sistema mediante la digitalización y la automatización. Espinoza reveló que ya existen instituciones que han solicitado licencias para operar en el país como bancos totalmente digitales, los cuales no cuentan con atención directa en oficinas físicas, marcando una tendencia hacia la modernización del sector financiero.
Sobre la implementación de las finanzas abiertas, el superintendente explicó que la principal limitante para la competencia en el sistema financiero peruano es el acceso a la información. Actualmente, los datos financieros de un cliente —como el sueldo, las compras con tarjeta de crédito, las afiliaciones y el historial de créditos— son controlados por el banco con el que la persona trabaja y dicha información no es pública. El modelo de finanzas abiertas, que ya ha sido implementado con éxito en Brasil y el Reino Unido, busca empoderar al ciudadano permitiéndole autorizar que un segundo banco, caja o financiera extraiga la información del banco principal, únicamente por el plazo que el usuario autorice.
Este mecanismo permitiría que las instituciones compitan ofreciendo mejores condiciones crediticias. Espinoza puso como ejemplo el caso de un crédito hipotecario: si un cliente tiene una tasa determinada porque su banco conoce toda su historia, otro banco no puede ofrecerle mejores condiciones porque carece de esa información. Actualmente, construir un historial o armar un expediente físico es un proceso caro, lento y complicado; sin embargo, si esa información puede trasladarse electrónicamente, el proceso se vuelve barato y rápido.
En otro ámbito, Espinoza resaltó que el Perú vuelve a ser sede de la reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo que reúne a 18 países de América del Sur, Centro y Norte para coordinar esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. El superintendente subrayó que este foro es crucial para abordar la minería ilegal, definiéndola como un problema regional y global, ya que el oro obtenido ilegalmente termina siendo exportado a países como Suiza, India y los Emiratos Árabes Unidos.
A pesar de los avances en la lucha contra el lavado de activos, como la ley de 2024 que permite el trabajo conjunto con la Policía Nacional para combatir la extorsión, Espinoza advirtió que persisten problemas graves, especialmente en el sector minero. El funcionario diferenció la minería informal o ancestral de la minería ilegal, señalando que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha obstaculizado la lucha contra el delito. El Reinfo ha sido prorrogado durante 14 años, lo que genera una "presunción de legalidad" sobre el mineral poseído por quien tiene dicho certificado, dificultando que la Fiscalía pueda actuar efectivamente contra estas organizaciones.
Finalmente, el titular de la SBS recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha alertado sobre el crecimiento de los flujos de la minería ilegal desde el año 2016, publicando estudios de riesgos nacionales y análisis sobre el movimiento del dinero en este sector. Alertó que los altos precios de los minerales han permitido que estas organizaciones crezcan en poder y tengan incluso voces públicas, complicando el escenario ante la falta de un marco legal sólido que permita convertir la información de inteligencia en casos judiciales efectivos.
