La Universidad de Chile ha emitido una respuesta formal y detallada frente a las graves denuncias presentadas por la diputada Javiera Rodríguez, perteneciente al Partido Republicano (REP), en relación con una serie de incidentes ocurridos durante una actividad realizada en la Facultad de Derecho. La institución académica no solo rechazó las versiones entregadas por la parlamentaria, sino que apuntó directamente a "actos de provocación" y a una "tergiversación" de los hechos por parte del equipo que acompañaba a la legisladora durante su visita al plantel.
La postura de la casa de estudios fue formalizada a través de un oficio remitido a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. En dicho documento, Miguel González, director de la Escuela de Derecho, sostuvo que el clima de tensión registrado durante la jornada no fue producto únicamente de la reacción estudiantil, sino que fue alimentado por acciones provocadoras protagonizadas por algunas de las personas que integraban el equipo de acompañamiento de la diputada Rodríguez.
Según el relato detallado por la autoridad universitaria, se habrían registrado conductas inapropiadas por parte de los acompañantes de la parlamentaria, quienes se ubicaron en las inmediaciones exteriores de la sala donde se desarrollaba la actividad. González señaló que estas personas realizaron gestos calificados como “burlescos y desafiantes” dirigidos hacia los estudiantes de Derecho que se manifestaban en el lugar. Asimismo, el director destacó que el equipo de la diputada mantuvo una grabación permanente de los alumnos utilizando sus teléfonos celulares, acción que, a juicio de la universidad, tenía como objetivo deliberado irritar a los manifestantes y exacerbar la tensión ambiental.
Un punto crítico mencionado en el oficio es la gestión del acceso al evento. La Universidad de Chile indicó que se impidió el ingreso a la actividad de figuras clave de la representación estudiantil, entre ellas la presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho, además de otros alumnos de la facultad que habían expresado su deseo de participar en la instancia. Bajo este escenario, el director de la Escuela de Derecho afirmó que, posteriormente, se construyó una versión de los hechos que resultaba distorsionada respecto a lo ocurrido realmente durante el encuentro.
Además de los incidentes conductuales, la autoridad universitaria reveló una irregularidad administrativa respecto a la composición del panel. Según explicó Miguel González, la diputada Javiera Rodríguez no era la panelista originalmente contemplada para el encuentro académico. Los invitados iniciales para la actividad eran el diputado Francisco Orrego y el consejero regional metropolitano Felipe Serey. La universidad subrayó que el cambio de ponentes no fue comunicado de manera formal a las autoridades académicas correspondientes, lo que añade un elemento de desorganización al contexto del evento.
Por su parte, es necesario recordar que la diputada Rodríguez había denunciado previamente haber sido víctima de insultos, empujones y diversas agresiones físicas y verbales durante su estancia en el plantel universitario, describiendo una situación de hostigamiento. Sin embargo, la Universidad de Chile ha puesto en duda la magnitud de estos relatos.
Desde la institución se señaló que la actividad se desarrolló normalmente durante un lapso de aproximadamente una hora y media, sin que se produjeran interrupciones dentro de la sala. Respecto a las manifestaciones, la universidad aseguró que estas provinieron de un grupo reducido de personas, estimando que los manifestantes no superaron los 40 estudiantes. Esta cifra es significativamente baja si se considera que la Facultad de Derecho cuenta con un universo cercano a los 2.500 alumnos. Además, la autoridad fue enfática en señalar que, en ningún momento, los manifestantes ingresaron al salón para interrumpir el desarrollo de la charla.
No obstante, la universidad reconoció que existió un ambiente de tensión, caracterizado por gritos, específicamente en el momento en que la diputada abandonaba el recinto. A pesar de ello, insistieron en que el relato posterior difundido sobre lo ocurrido correspondió a una interpretación “forzada y distorsionada” de los acontecimientos reales.
Al tomar conocimiento del oficio enviado a la Cámara de Diputados, la parlamentaria republicana rechazó tajantemente los argumentos presentados por la universidad. Rodríguez insistió en que las agresiones que denunció están debidamente documentadas y que dichas evidencias ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades pertinentes para su respectivo análisis.
A pesar de las profundas discrepancias y las versiones contrapuestas sobre lo sucedido, la Facultad de Derecho reiteró su condena categórica a cualquier forma de violencia. Como medida final, la institución confirmó que ya ha instruido la apertura de una investigación interna con el objetivo de esclarecer cualquier conducta inapropiada que haya sido registrada durante la jornada, buscando determinar las responsabilidades correspondientes.
