La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ha endurecido su postura oficial respecto a los incidentes ocurridos durante la visita de la diputada republicana Javiera Rodríguez el pasado 29 de mayo. A través de un oficio formal enviado a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la institución universitaria rechazó categóricamente la versión de los hechos entregada por la parlamentaria y presentó una contraargumentación detallada sobre lo sucedido en el campus.
El documento, suscrito por el director de la Escuela de Derecho, Miguel González Lemus, sostiene que la actividad programada se llevó a cabo en su totalidad, asegurando que no se registraron interrupciones en el desarrollo del evento ni agresiones físicas dirigidas hacia la diputada Rodríguez. No obstante, la facultad no solo negó los cargos de violencia, sino que acusó directamente al entorno de la legisladora de haber actuado de manera deliberada para provocar a los estudiantes presentes.
Según detalla el oficio, el equipo que acompañaba a la diputada habría realizado "gestos burlescos" y mantenido una grabación permanente de los manifestantes. De acuerdo con la visión de la autoridad universitaria, estas acciones tuvieron como objetivo principal irritar a los alumnos para posteriormente instalar un relato de los hechos que la facultad califica como "tergiversado". En este sentido, la institución afirma que se buscó construir una imagen de conflicto que no se ajusta a la realidad de lo ocurrido durante la jornada.
Uno de los puntos más críticos abordados en la comunicación enviada a la Cámara es la gestión de la seguridad y las advertencias previas. La Facultad de Derecho cuestionó el hecho de que la diputada Rodríguez no informara a la institución sobre las supuestas amenazas de muerte que aseguró haber recibido antes de su visita. Para la facultad, la omisión de esta información es un elemento relevante al analizar el desarrollo de la actividad y la posterior denuncia de agresiones.
Asimismo, el documento analiza la repercusión de los hechos en las plataformas digitales. La facultad sostiene que, tras la conclusión del evento, se utilizó la cuenta de redes sociales de la diputada para difundir una narrativa que hablaba de censura, violencia y escupitajos. No obstante, la Universidad de Chile afirma que las imágenes que respaldaban dicho relato correspondían en realidad al término de la actividad y que en ellas ni siquiera aparecía la parlamentaria, concluyendo que existió una "interpretación forzada y distorsionada" de las evidencias visuales.
Por su parte, la diputada Javiera Rodríguez rechazó tajantemente la versión entregada por la universidad. La parlamentaria aseguró que las acusaciones dirigidas contra su equipo de trabajo son falsas y mantuvo su postura original sobre la naturaleza de los incidentes. Según informó a través de medios de comunicación, Rodríguez insistió en que fue víctima de un acto "premeditado y coordinado" que incluyó insultos, empujones, escupos y amenazas directas.
La diputada subrayó que todos los antecedentes relativos a estas agresiones fueron debidamente entregados tanto a las autoridades de la Universidad de Chile como a los cuerpos policiales correspondientes, con el fin de que se realicen las diligencias pertinentes. Para Rodríguez, los hechos constituyen una vulneración que no puede ser minimizada por la narrativa institucional de la facultad.
Ante la colisión frontal de estas dos versiones, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile informó que ya ha instruido la apertura de una investigación disciplinaria. Este proceso interno tiene como objetivo establecer las responsabilidades eventuales por los hechos registrados el 29 de mayo, buscando esclarecer si hubo faltas al reglamento universitario o provocaciones que derivaran en los disturbios reportados por ambas partes.
