La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones ha dado un paso significativo en la lucha contra la inseguridad vial al aprobar, en general, el proyecto de ley que busca tipificar y sancionar la conducción temeraria de vehículos. Esta iniciativa surge como una respuesta directa a la alta incidencia que tiene el exceso de velocidad en la ocurrencia de accidentes de tránsito, con el objetivo primordial de fortalecer el marco normativo vigente.
El núcleo central de la propuesta legislativa radica en la necesidad de modernizar la aplicación de la ley. Los integrantes de la comisión buscan eliminar los elementos subjetivos que caracterizan la normativa actual, sustituyéndolos por la definición de conductas objetivas. Según se planteó durante las sesiones, este cambio es fundamental para garantizar una aplicación más efectiva de las sanciones, evitando interpretaciones ambiguas y permitiendo que la justicia actúe sobre hechos concretos y comprobables.
La moción, que se encuentra en su segundo trámite, contó con el respaldo unánime de los senadores Enrique Van Ryselberghe y Alejandro Kusanovic, así como de las senadoras Danisa Astudillo, Loreto Carvajal y Camila Flores, quien preside la comisión. Para llegar a este consenso, el cuerpo legislativo llevó a cabo un exhaustivo proceso de análisis que incluyó la escucha de diversos expertos y autoridades en la materia.
Entre los invitados que entregaron sus antecedentes se encuentran el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna; el general Víctor Vielma, jefe de zona de Tránsito de Carreteras; el teniente coronel Juan Eduardo Paredes, prefecto de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT); Alberto Escobar, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset); y Claudia Cuevas, analista de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN).
Durante la sesión celebrada el miércoles 10 de junio, se realizó una comparación detallada entre la ley de 2022, referida a las carreras no autorizadas de vehículos motorizados, y el nuevo texto propuesto. La diferencia sustancial es que el proyecto actual apunta a un endurecimiento notable de las penas. Entre las medidas contempladas se encuentran el aumento de las multas, la implementación de penas de cárcel, el decomiso del vehículo involucrado y la suspensión de la licencia de conducir.
La urgencia de estas medidas se respalda en cifras alarmantes proporcionadas por Carabineros. La institución informó que, entre enero y junio del presente año, se han registrado 640 muertes por siniestros viales, lo que representa un promedio de cuatro personas fallecidas por día. De acuerdo con los datos entregados, esta cifra es un 8% menor que el registro del 2025 a la misma fecha. En cuanto a las causas, se indicó que la conducción desatenta se mantiene como la primera causa de accidentes, seguida inmediatamente por la conducción a exceso de velocidad.
Un punto crítico abordado fue la proliferación de carreras clandestinas. Carabineros reportó haber realizado 1.352 detenciones y 258 denuncias ante el Ministerio Público relacionadas con este fenómeno, las cuales han tenido resultados que varían entre lesiones de diverso tipo y fallecimientos. Los informes técnicos revelaron que en estos eventos se han registrado velocidades medias de entre 150 y 260 km/h en zonas donde el límite máximo permitido es de 50 y 100 km/h. Se hizo especial énfasis en el incremento de estas conductas en la Costanera Norte, en la Región Metropolitana.
Desde el punto de vista técnico, se explicó que la velocidad es un factor determinante en la gravedad de los siniestros, influyendo directamente en la dispersión de la energía del impacto, el nivel de daño en el vehículo y la severidad de las lesiones sufridas por conductores, acompañantes y peatones. Por su parte, Conaset señaló que este tipo de conducción temeraria se concentra principalmente en hombres de entre 20 y 40 años, observándose que la tasa de mortalidad se ha mantenido estable desde el año 2015.
En términos de legislación comparada, el análisis mostró que países como España, Alemania y Gran Bretaña coinciden en que las herramientas más efectivas para minimizar estas conductas son las penas de prisión, las multas y el retiro de las licencias de conducir.
Finalmente, se discutió la importancia de la infraestructura tecnológica. Carabineros reconoció que contar con equipos de detección es clave para detener a los infractores, informando que actualmente el país dispone de 466 equipos de control de velocidad.
El proceso legislativo continuará la próxima semana, cuando la comisión reciba las opiniones del Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio Público, la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA) y el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local (INJPL). Tras este análisis, se procederá a la votación en particular, incorporando una indicación del Ejecutivo que incluirá recomendaciones de Carabineros para optimizar la operatividad de la norma.
