La Fiscalía ha formalizado un pedido de 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad contra Roberto Sánchez, candidato presidencial por el partido Juntos por el Perú. Esta solicitud surge en el marco de una investigación por la presunta falsificación de información relacionada con los aportes del partido, datos que fueron presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Durante la audiencia celebrada el pasado jueves, la fiscal adjunta provincial Gladys Huete Gutiérrez expuso la acusación fiscal contra el candidato. Los cargos se centran en dos delitos específicos: la falsa declaración en procedimiento administrativo y el falseamiento de la información sobre las aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.
Según el Ministerio Público, Sánchez es responsable de haber presentado datos falsos ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE en relación con la información financiera anual correspondiente al ejercicio del año 2018. Además, la fiscalía sostiene que el candidato declaró información inexacta sobre los estados financieros de los años 2019 y 2020, así como sobre los ingresos y gastos derivados de la campaña electoral para las elecciones congresales de 2020.
Como ejemplo concreto de estas irregularidades, la fiscalía mencionó la supuesta declaración de un aporte en especie destinado al uso de un local partidario, el cual fue valorizado en 27,400 soles. No obstante, durante los procesos de fiscalización, el presunto aportante negó haber realizado dicha contribución. Por estos hechos, además de la pena de prisión, se solicita la inhabilitación definitiva de Roberto Sánchez para ejercer el cargo de presidente del partido político Juntos por el Perú.
En cuanto al desarrollo de la audiencia, el candidato Roberto Sánchez se conectó inicialmente para acreditarse ante el juez Adolfo Farfán. El intercambio entre el magistrado y el procesado fue limitado, debido a las críticas que el juez había recibido previamente por una interacción anterior.
En el plano procesal, se produjo un desacuerdo entre el Ministerio Público y el juzgado. La representante de la Fiscalía intentó que la acusación fuera simplemente subsanada, siguiendo lo señalado por la Sala de Apelaciones, para que se emitiera el auto de enjuiciamiento y se autorizara el paso inmediato al juicio oral. Sin embargo, el juez Farfán Calderón rechazó esta pretensión. El magistrado argumentó que, debido a la variación de la acusación, el Código Procesal Penal exige que se realice el control correspondiente, invalidando la postura de la Fiscalía que afirmaba que este paso ya había precluido.
Esta decisión judicial implica que el proceso penal contra Roberto Sánchez podría dilatarse, ya que el magistrado deberá llevar a cabo un nuevo control formal y de sustancia, además de realizar el control de las pruebas que serán utilizadas durante el juicio oral.
Por otro lado, el Ministerio Público formalizó el retiro del extremo de la acusación referido al delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Esta medida se tomó en cumplimiento de lo resuelto por la Sala Penal de Apelaciones, la cual declaró fundada una excepción de improcedencia de acción respecto a dicho delito.
Paralelamente a estos procesos judiciales, Roberto Sánchez llevó a cabo el cierre de su campaña presidencial. El evento tuvo lugar en el Campo de Marte, ubicado en el distrito de Jesús María en Lima, donde se reunieron miles de seguidores en el último acto proselitista permitido antes del balotaje del 7 de junio, en el cual se enfrentará a Keiko Fujimori. Durante su discurso, el candidato de Juntos por el Perú subió al escenario de la avenida La Peruanidad pasada la medianoche y prometió, como primera medida de gobierno, derogar las leyes que calificó como “procrimen”.
Este acto de cierre en la capital fue la culminación de una semana de actividades en el sur andino, donde Sánchez visitó Arequipa el 1 de junio, Cusco el 2 de junio y Puno el 3 de junio. Cabe destacar que el evento en Lima tuvo que ser trasladado al Campo de Marte luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima negara el uso del Centro Histórico, basándose en su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.
