La Comisión de Educación del Senado de Chile ha dado inicio formal a la discusión de un proyecto de ley que busca establecer restricciones estrictas al acceso de niños, niñas y adolescentes a las plataformas de redes sociales. La iniciativa, que se encuentra actualmente en su primer trámite constitucional, propone una medida contundente: prohibir el ingreso, el registro y el uso general de estas aplicaciones a todos los menores de 14 años.
El objetivo central de esta propuesta legislativa es mitigar y reducir los diversos riesgos inherentes al entorno digital actual. De acuerdo con los argumentos presentados en la comisión, el acceso prematuro a estas herramientas expone a los menores a peligros críticos, entre los que destacan el ciberacoso y la exposición a contenidos inapropiados para su edad. Asimismo, el proyecto pone especial énfasis en los efectos negativos que el uso excesivo y no supervisado de las redes sociales puede generar en la salud mental, el desarrollo psicosocial y el rendimiento académico de los estudiantes.
Para fundamentar la necesidad de esta medida, la propuesta se sustenta en diversos estudios técnicos que han alertado sobre el impacto perjudicial que estas plataformas ejercen sobre las nuevas generaciones. En este marco, la ministra de Educación, María Paz Arzola, manifestó su respaldo a la iniciativa, subrayando la urgencia de avanzar hacia regulaciones normativas que permitan enfrentar los efectos adversos que la interacción digital constante tiene sobre el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia.
No obstante, el avance del proyecto ha generado un debate diverso entre los actores del mundo educativo y la sociedad civil. Si bien hay un consenso general sobre la necesidad de proteger a los menores, existen advertencias sobre la implementación de la norma. Soledad Garcés, fundadora y directora de la Fundación para la Convivencia Digital, valoró la apertura de esta discusión en el Senado, pero lanzó una advertencia fundamental: una prohibición legal no puede implementarse de manera aislada. Según Garcés, para que la medida sea efectiva, debe ir acompañada de estrategias integrales de educación digital y contar con un apoyo activo por parte de las familias.
Desde el ámbito académico, la recepción ha sido mayoritariamente positiva, aunque con una preocupación recurrente respecto a la operatividad de la ley. Especialistas han señalado que el éxito de la norma dependerá enteramente de la capacidad del Estado para fiscalizar el cumplimiento de las restricciones.
En este sentido, Christel Manterola, psicopedagoga y jefa disciplinar de Educación en IACC, junto a Brayan Díaz, investigador del Centro de Investigación para la Mejora de los Aprendizajes de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo (UDD), plantearon un desafío técnico crítico. Ambos expertos advirtieron que los menores podrían continuar accediendo a estas plataformas mediante mecanismos alternativos o eludiendo los controles de registro, lo que convierte a la fiscalización efectiva en el principal obstáculo para que la ley sea realmente operativa.
En cuanto a las consecuencias para las plataformas tecnológicas que no cumplan con las restricciones de acceso y registro, el proyecto contempla un sistema de sanciones económicas. Las empresas que infrinjan estas obligaciones podrían enfrentarse a multas que oscilan entre las 500 y las 2.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, la normativa prevé que estas sanciones podrían duplicarse en aquellos casos donde se compruebe reincidencia por parte de la compañía.
Con la puesta en marcha de este debate, Chile se alinea con una tendencia global de regulación digital. El texto menciona que otros países, como Australia, ya han impulsado regulaciones similares, reflejando una preocupación internacional creciente sobre la seguridad de los menores en el espacio virtual. La discusión en el Senado chileno busca ahora definir los aspectos clave para la tramitación del proyecto y determinar cómo garantizar que la protección de la salud mental y el rendimiento escolar de los menores sea priorizada frente a la expansión de las redes sociales.
