El gobierno de Alfredo Cornejo atraviesa una semana marcada por fuertes contraluces, donde convergen problemas críticos de gestión y una creciente incertidumbre sobre la configuración de su sucesión política. El epicentro de la crisis actual se encuentra en la situación de Humberto Mingorance, presidente de la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM), quien ha sido imputado tras el colapso cloacal ocurrido en la zona de Corralitos. A esta situación judicial se suma una multa millonaria impuesta por el Departamento General de Irrigación, la cual fue acompañada de severas consideraciones hacia la empresa.
Humberto Mingorance no es un funcionario cualquiera; es un colaborador estrecho del gobernador desde que este último se desempeñaba como intendente de Godoy Cruz. A lo largo de los dos mandatos de Cornejo, Mingorance ha ocupado puestos de alta relevancia, incluyendo la titularidad de la Secretaría de Ambiente y su actual cargo en AySAM. Esta cercanía intensifica el impacto político de la imputación, especialmente cuando se recuerda que no es la primera vez que el funcionario genera controversias. Anteriormente, la Oficina de Ética Pública le impuso una multa debido a la omisión de siete propiedades en su declaración jurada del año 2025. En aquella ocasión, Mingorance intentó justificar la omisión alegando que no poseía el usufructo de los inmuebles, un argumento calificado entonces como ingenuo o, en el peor de los casos, como una maniobra sofisticada.
El desastre ambiental en la zona de Guaymallén ha puesto bajo la lupa una gestión que parece haber llevado la red troncal cloacal al límite de su vida útil. La situación ha generado un riesgo sanitario considerable, obligando a los vecinos a convivir con olores nauseabundos y aguas servidas en la puerta de sus hogares. En situaciones de emergencia, estos desbordes han terminado siendo volcados hacia cauces de riego, agravando el daño ambiental. Ante la crisis y la notificación de la imputación, el Ejecutivo provincial intentó blindar a Mingorance argumentando que la acusación se dirige a la persona que ocupa el cargo y no a una directiva específica de la cúpula de AySAM, sugiriendo que cualquier funcionario en esa posición habría enfrentado la misma situación. Sin embargo, este planteo ha sido cuestionado por omitir la responsabilidad política inherente al cargo.
Mientras se gestiona la crisis de AySAM, el Gobierno de Mendoza enfrenta el desafío del anclaje nacional y la definición de sus sucesores. La difusión de encuestas recientes ha reavivado el debate sobre el escenario electoral del próximo año. Por un lado, la consultora Reale-Dalla Torre indica que Cornejo muestra resiliencia frente a un contexto económico nacional complejo. Mientras que el índice de aprobación de Javier Milei en Mendoza cayó 10 puntos en tres meses, la baja del gobernador fue leve, pasando del 48,3% al 47%. Según este estudio, las mayores preocupaciones de los mendocinos son la economía y el empleo (52,7%), la salud (32,7%), la seguridad (29,8%), la educación (25,4%) y la vivienda (21,4%).
En el plano electoral, los datos de Reale muestran un escenario disputado. Si bien Luis Petri supera levemente a cualquier "candidato del equipo de Cornejo" en potencialidad electoral (46,1% frente a 45,8%), en cuanto a la intención de voto actual, un representante aún no nombrado del gobernador supera al diputado nacional (26,8% frente a 20%), diferencia que se amplía a más de 8 puntos en la proyección. Esta situación sugiere que el cornejismo podría necesitar agrupar diversas voluntades para competir contra figuras consolidadas como Petri o Ulpiano Suárez.
En contraste, la consultora Equipo Mide presenta un panorama mucho más desafiante para el oficialismo, reportando un rechazo a la gestión e imagen de Cornejo del 58%. En este sondeo, Petri es señalado como el mejor candidato a gobernador con un 30% de adhesiones, seguido por Suárez con un 10%. El primer candidato vinculado directamente al equipo de Cornejo, Tadeo García Zalazar, aparece con apenas un 3%.
Estos datos plantean una interrogante central para el Ejecutivo: si los integrantes del equipo de Cornejo carecen de fuerza individual suficiente o si el gobernador posee la capacidad de trasladar sus votos hacia quien él designe, manteniendo su rol de "gran elector". En un contexto donde la oposición habla de un "fin de ciclo" tras una década en el poder, el riesgo real para Cornejo es que las explicaciones oficiales empiecen a sonar vacías para una ciudadanía que podría canalizar su malestar a través del hartazgo.
