El presidente de la Nación, Javier Milei, formalizó la designación de 33 nuevos cargos dentro del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Esta medida fue instrumentada a través de 28 decretos que fueron publicados este martes en el Boletín Oficial, consolidando una estrategia del Gobierno Nacional para completar las vacantes existentes en diversas jurisdicciones federales y nacionales.
El paquete de nombramientos es amplio y diversificado, abarcando la designación de 21 jueces, 6 conjueces, 4 fiscales y 2 defensoras públicas. Estas designaciones impactan en juzgados, fiscalías y defensorías situadas tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en diversas provincias del interior del país.
Uno de los nombramientos más destacados es el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien ha sido designado como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora. Rodríguez Ponte cuenta con una trayectoria previa como secretario del juez federal Ariel Lijo y ha estado al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado.
La importancia de este cargo radica en la naturaleza estratégica de la jurisdicción que comprende dicho juzgado, ya que tiene competencia sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el complejo penitenciario federal ubicado en la misma localidad. Hasta el momento, este tribunal se encontraba bajo la subrogancia del juez federal de Quilmes, Luis Armella.
En el ámbito de este juzgado se tramitan causas de alta visibilidad. Entre ellas se encuentra la investigación por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que involucra al exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y a su expareja, Jesica Cirio. Asimismo, el tribunal interviene en la causa que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la financiera Sur Finanzas, expediente en el cual se encuentra imputado el empresario Ariel Vallejo, investigando sus presuntos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
En cuanto a la Justicia penal de la Capital Federal, el Ejecutivo nombró a Juan Carlos Riccardini y Mariano Adolfo Klumpp como jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°9. Del mismo modo, fueron designadas Paula Vanesa Romeo como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18 y José Ignacio Polizza como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo también recibió nuevos integrantes. Fueron designados como vocales Diego Javier Tula (Sala II), Claudio Fabián Loguarro (Sala III), Diego Fernando Manauta (Sala V), Marina Edith Pisacco (Sala VI) y María Claudia Jueguen (Sala X).
En el área comercial, Pedro Manuel Crespo fue nombrado juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°28 de la Capital Federal, mientras que Javier Jorge Cosentino asumió como vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Por su parte, María Gabriela Janeiro fue designada jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N°5.
A nivel federal y provincial, se oficializaron los siguientes nombramientos: María Virginia Ise como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Chaco), Santiago French como vocal de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, y Santiago José Martín como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Asimismo, Bernardo María Rodríguez Palma fue designado juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.
En el interior del país, Ruth María Ponce de León fue nombrada jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, en Misiones, mientras que Ángel Roger Luna Roldán y Pablo Roberto Toledo fueron designados jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Un caso particular es el de Leopoldo Jorge Rago Gallo, nombrado juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan por un período de cinco años a partir del 26 de agosto de 2026. El decreto recordó que Rago Gallo había sido nombrado originalmente por el Poder Ejecutivo en diciembre de 1992.
En la provincia de Córdoba, fueron nombrados como conjueces de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones: Maximiliano Daniel Chávez, Agustín García Fauré, Gabriel Andrés Marnich, José Eduardo Villena, Fernando Gabriel Zarabozo y Andrea Cristina Di Gregorio.
Finalmente, el Ministerio Público Fiscal sumó a Patricio Nicolás Sabadini (Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco), Fernando Gabriel Alcaraz (Unidad Fiscal Mendoza), Hugo Daniel Froy (Sede fiscal descentralizada de Paso de los Libres) y Juan Marcelo Burella Acevedo (Unidad Fiscal de Corrientes). En el Ministerio Público de la Defensa, se designó a Amanda Espino como defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (Defensoría N°7) y a María Laura Irastorza como defensora pública de víctima en la provincia de Río Negro.
Todos estos nombramientos fueron realizados una vez que el Senado de la Nación prestara los acuerdos correspondientes para cada cargo.
