En una jornada marcada por la tensión y el despliegue de fuerzas de seguridad, la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) coordinaron una movilización masiva frente al Congreso de la Nación. La protesta, que contó con el acompañamiento activo de organizaciones de jubilados, tuvo como eje central la defensa del sistema previsional, el pedido de recomposición de los haberes jubilatorios y el rechazo frontal a la política económica impulsada por el Ejecutivo nacional.
La jornada de lucha comenzó temprano por la mañana con cortes estratégicos en diversos accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde las 10:00, grupos de manifestantes interrumpieron la circulación en el Puente Saavedra y la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de Ensenada. El punto de mayor conflictividad se registró en la avenida Hipólito Yrigoyen, en la zona de Avellaneda, donde piqueteros quemaron neumáticos y quedaron frente a frente con la Policía Federal. Ante estos hechos, el Gobierno informó la aplicación del protocolo antipiquetes, desplegando camiones hidrantes para contener las protestas.
Desde el Polo Obrero, Eduardo Belliboni destacó la unidad entre los sectores sociales y los jubilados para "frenar esta barbaridad de Milei", mientras que otros dirigentes señalaron que la intención era realizar una protesta pacífica, responsabilizando a las fuerzas policiales por el inicio de las agresiones durante los cortes matutinos.
Hacia las 15:00, la concentración principal se trasladó a la intersección de la avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde las columnas avanzaron hacia el Palacio Legislativo. La movilización se dio bajo la consigna "La dignidad no se negocia", enfocándose especialmente en el reclamo por la recomposición de los haberes y la actualización del bono para jubilados, el cual permanece congelado en 70.000 pesos desde hace meses. A través de sus redes sociales, la CGT reforzó el mensaje afirmando que la seguridad social es una conquista del pueblo trabajador y no un privilegio.
Durante la concentración, Pablo Moyano, secretario general adjunto de Camioneros, dialogó con la prensa y subrayó que el apoyo de su gremio a los jubilados es constante, mencionando el acompañamiento con ollas populares cada miércoles. Moyano expresó que la presencia sindical es una "responsabilidad y obligación", y manifestó su expectativa de que este plan de lucha represente "el principio de la derrota de este gobierno que tanto daño le está provocando a los argentinos". Asimismo, el dirigente lanzó duras críticas contra los gobernadores peronistas que votaron la reforma laboral en el Senado, asegurando que "nos traicionaron" y sentenciando que, ante la actitud de los gobernadores y la Justicia, "lo único que queda es estar en la calle".
Por su parte, Hugo "Cachorro" Godoy, secretario general de la CTA, resaltó la dignidad de los jubilados como motor de esta etapa del plan de lucha. Godoy adelantó que las tres centrales sindicales avanzan activamente en la construcción de un paro nacional. En sintonía, Ricardo Peidro, secretario general adjunto de la CTA, denunció que la política gubernamental se expresa con "más crueldad" contra el sector previsional.
Esta movilización marca el reinicio del cronograma de conflictividad tras el receso por el Mundial. El plan prevé cuatro acciones principales hasta septiembre: la marcha de este miércoles, una movilización el 7 de agosto hacia San Cayetano, una protesta coordinada con la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y una cuarta manifestación durante la tercera semana de agosto con destino al Ministerio de Economía.
Si bien la conducción de la CGT, a través de Jorge Sola, indicó que no se han fijado plazos rígidos para un paro general con el fin de actuar de manera estratégica, los gremios no descartan esta medida si el Gobierno no brinda respuestas concretas a los reclamos. La jornada concluyó pasado las 17:20, cuando la columna principal comenzó el repliegue en la avenida Rivadavia y Callao, permitiendo la normalización progresiva del tránsito, aunque algunas organizaciones sociales permanecieron concentradas en las inmediaciones del Congreso bajo el operativo de seguridad.
