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Andy Burnham inicia su mandato con un "Gobierno del coste de la vida" y rebajas en energía y transporte

Andy Burnham ha aprovechado los primeros días en Downing Street para eliminar el 5% de IVA en la electricidad doméstica y limitar a dos libras el billete de autobús en Inglaterra, y dijo a su Gabinete que el país tiene ya un "Gobierno del coste de la vida".

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Andy Burnham inicia su mandato con un "Gobierno del coste de la vida" y rebajas en energía y transporte
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Andy Burnham inicia su mandato como primer ministro británico bajo la premisa de crear un Gobierno del coste de la vida centrado en el alivio económico inmediato. Sus primeras medidas incluyen la eliminación del IVA en las facturas eléctricas domésticas y la reducción del precio máximo de los billetes de autobús a dos libras, buscando impactar directamente en el bolsillo de los ciudadanos. No obstante, estas promesas chocan con una realidad financiera compleja, marcada por una deuda pública que supera el 95 por ciento del PIB y un crecimiento estancado. Con el nombramiento de John Healey en el Tesoro, el Gobierno intentará equilibrar la ayuda social y la reindustrialización del país con los compromisos de gasto en defensa y el cumplimiento de las pensiones, evitando así nuevas subidas de impuestos.

El nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, ha comenzado su gestión en el número 10 de Downing Street marcando un rumbo claro centrado en el alivio económico para los ciudadanos. Tras hacerse con el liderazgo laborista sin oposición, consecuencia de la dimisión de Keir Starmer, Burnham ha utilizado sus primeras horas de mandato para posicionar su administración bajo una premisa fundamental: la lucha contra el encarecimiento de la vida cotidiana.

Durante su primer discurso, el primer ministro puso el foco en el coste de la vida, concepto que definió la esencia de su nueva estructura gubernamental. El martes, en una reunión con sus ministros recién nombrados, Burnham fue explícito al declarar que formarán un "Gobierno del coste de la vida", subrayando que la tarea primordial de su equipo será convencer a los hogares británicos de que la ayuda económica está en camino.

Para materializar esta promesa, el Gobierno británico ha anunciado una primera medida inmediata centrada en el suministro eléctrico. A partir de octubre y hasta el cierre del ejercicio fiscal en abril del próximo año, se eliminará el IVA del 5% de las facturas domésticas de electricidad. Según las proyecciones oficiales, esta medida supondrá una reducción media de 45 libras (53 euros) en la factura anual de los hogares. La financiación de esta rebaja provendrá de la supresión del programa de identificación digital. Aunque esta decisión ha generado dudas sobre la disponibilidad real de esos fondos, Downing Street ha insistido en que la medida está totalmente financiada, explicando que los ministerios absorberán el sistema de identificación digital con sus presupuestos actuales y redirigirán los ahorros resultantes.

La segunda iniciativa llegó el miércoles, centrada en la movilidad urbana. El Gobierno ha decidido intervenir en el precio de los billetes sencillos de autobús en Inglaterra, excluyendo a Londres. Actualmente, estas tarifas tienen un tope de 3 libras (3,5 euros) vigente hasta marzo de 2027; sin embargo, Burnham ha anunciado que, desde el 1 de enero hasta finales del próximo año, el tope se reducirá a dos libras. Esta acción recorta en un tercio la tarifa máxima actual y evita que se produzca una subida de precios durante la primavera.

La importancia de esta medida se sustenta en datos previos: cuando el tope estuvo fijado en dos libras (2,3 euros), se registraron unos 30 millones de viajes adicionales en diez meses. El Gobierno advierte que, sin un límite establecido, los billetes sencillos en las rutas más costosas podrían superar las diez libras. Para costear esta operación, que requiere 454 millones de libras (533 millones de euros), el presupuesto del ministerio de Energía convertirá en préstamos el dinero que originalmente estaba destinado a proyectos de financiación climática internacional.

Burnham, quien ya había implementado un sistema similar en la red 'Bee Network' del Gran Mánchester durante sus cuatro años como alcalde, defendió que nadie debe quedar excluido de un transporte esencial debido a su precio, reiterando su compromiso de construir un país para todos y en todas partes.

No obstante, el margen fiscal representa el principal condicionamiento para estas políticas. En un movimiento que sorprendió a los observadores, Burnham nombró a John Healey al frente del Tesoro. Healey, exministro de Defensa con experiencia previa en el departamento durante el Gobierno de Gordon Brown, ha sido elegido como una garantía de que el partido laborista cumplirá su promesa de reducir la deuda pública.

La situación financiera que hereda Healey es compleja: la deuda pública supera el 95% del PIB, el nivel más alto registrado desde la década de 1960. El año pasado, los costes de los intereses ascendieron a 111.200 millones de libras (130.000 millones de euros), lo que equivale al 8,3% del gasto público total, según el organismo de control presupuestario. A esto se suma un crecimiento económico estancado, con un promedio anual inferior al 1,5% desde 2009, la mitad del ritmo tenido antes de la crisis. Este escenario de inestabilidad económica ayuda a explicar que Burnham sea el séptimo primer ministro en una década, en un periodo donde los inquilinos del número 10 han durado, de media, apenas dos años.

El panorama se complica aún más con los compromisos internacionales y sociales. El Reino Unido mantiene la meta de elevar el gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB para 2035, lo que implicaría un coste anual de unos 36.000 millones de libras (42.300 millones de euros), según el Institute for Fiscal Studies.

Asimismo, los planes de crecimiento de Burnham, que buscan reindustrializar el país fuera de Londres, combatir la escasez de vivienda y apoyar a las pequeñas empresas —responsables de seis de cada diez empleos privados—, enfrentarán obstáculos significativos. El primer ministro deberá equilibrar estas ambiciones con la "triple garantía" de las pensiones, que las vincula al mayor dato entre la inflación, el aumento de los salarios o un mínimo del 2,5%, todo ello mientras intenta evitar que los ciudadanos de clase media tengan que enfrentar una subida de impuestos.

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