Tras las declaraciones de Daniel Ortega el pasado 19 de julio, en las que afirmó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” para que la oposición regrese al gobierno, el politólogo Manuel Orozco y la historiadora Dora María Téllez han advertido sobre la puesta en marcha de una estrategia diseñada para reelegir en 2027 a los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo sin competencia política real.
En un análisis realizado para el programa "Esta Semana" de CONFIDENCIAL, los especialistas describieron el proceso electoral venidero como un “circo electoral”. Según Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, ya existe una hoja de ruta trazada por Rosario Murillo para asegurar que los resultados declaren su victoria. Para ello, el régimen estaría operando en tres niveles: la rehabilitación del partido Frente Sandinista, la instrumentación de partidos colaboracionistas y el ocultamiento de esta estructura para que el electorado, actualmente desconectado de la política, no perciba la farsa.
Orozco detalló que partidos como el PLC, ALN, PLI, APRE, el partido Conservador y el CxL de Oscar Sobalvarro han recibido orientaciones para participar en las votaciones de 2027. Aunque técnicamente se definan como oposición por no ser el partido gobernante, el politólogo los calificó de "colaboracionistas", señalando que en la Asamblea Legislativa las votaciones suelen resultar en 91 votos a favor de las propuestas del régimen, incluyendo reformas constitucionales y la creación del estatus de traición a la patria.
Por su parte, Dora María Téllez, exguerrillera sandinista, sostuvo que el intento de imponer la sucesión dinástica de Rosario Murillo no es un síntoma de fortaleza, sino de debilidad política. Téllez criticó el uso de encuestas de la empresa MyR, que sugieren un respaldo del 90% al régimen, calificándolas como herramientas de autoengaño del gobierno. Asimismo, señaló que la obligatoriedad de que cada empleado público asista a los actos oficiales con un acompañante inscrito con cédula es un indicativo de la quiebra en materia de respaldo interno, incluso dentro de sus propias filas.
El análisis también abordó el estado actual de la estructura de poder. Manuel Orozco reveló que el círculo de lealtad del régimen se ha reducido drásticamente, pasando de más de 300 “fichas” a menos de 50 en la actualidad. Esta centralización y las purgas internas, sumadas al debilitamiento físico y mental de Daniel Ortega, han permitido que Rosario Murillo asiente su poder, aunque Téllez advierte que ella carece de capacidad para sostenerse por sí misma sin el soporte del Ejército y la Policía, quienes estarían preocupados por su propio futuro.
En el plano internacional, los analistas destacaron el papel de Estados Unidos. Orozco mencionó que la Administración Trump tiene claridad sobre la naturaleza del régimen, al cual califican de “ladrón” y cleptocrático, señalando que se están aprovechando del CAFTA para robar incluso a Estados Unidos. No obstante, advirtieron que la presión internacional es instrumental y no intrínseca a la transición; la correlación de fuerzas actual favorecería al régimen en una proporción de 70-30 u 80-20.
Un factor económico crítico mencionado es la liquidación de la migración como “válvula de escape”. Téllez explicó que el flujo de nicaragüenses hacia Estados Unidos ha disminuido y que las deportaciones masivas están provocando que las remesas, pilar de la economía y del sostenimiento del régimen, disminuyan. Con aproximadamente 25,000 personas retornando al país en los últimos 18 meses, la presión económica interna podría generar nuevas formas de protesta social, especialmente entre las mujeres que jefean la mayoría de los hogares.
Finalmente, Orozco y Téllez plantearon tres escenarios posibles: la ejecución de la farsa electoral, la inercia política basada en la expectativa de la muerte natural de los mandatarios, o un movimiento coordinado de reformas políticas para desmontar la criminalización de la democracia. Para Téllez, la única alternativa real es la organización interna y externa, evitando la dependencia absoluta de que Estados Unidos resuelva la crisis, y coordinando a la diáspora —que suma 1.5 millones de personas— con los sectores cívicos dentro de Nicaragua.
